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La Altagracia.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, consiguió que le fueran impuestos cinco años de prisión a una ciudadana china que fue hallada culpable de haber explotado a una compatriota, mediante trabajo forzado.


La pena fue impuesta por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia contra Xiomei Huang Chou, quien además fue condenada al pago de una indemnización de 30 mil dólares a favor de la víctima.


Conforme expuso el Ministerio Público, la procesada fue apresada luego que se produjera una denuncia anónima el día 1 de octubre del 2013, durante un operativo en el que también fue rescatada la víctima, quien permaneció durante dos semanas interna en un centro de salud de dicha provincia.


El expediente instrumentado indica que a finales de enero del año 2013, en una ciudad de la República China, la señora Huang Chou conjuntamente con su esposo José Chun Ng (prófugo), procedieron a captar mediante engaño y fraude a la víctima, formulando un contrato verbal mediante el cual se comprometían a pagarle la suma de US$100.00 mensuales, además de proporcionarle la comida para que trabajara en el pica pollo Kelly Huang, ubicado en la República Dominicana.


En ese mismo orden, establece que los señores Xiomei Huang Chou y José Chun Ng procedieron a trasladarse a la República Dominicana, para recibir y dar acogida a la víctima en el pica Pollo Kelly Huang, incumpliendo con las condiciones acordadas de entregarle un pago por su trabajo y comida digna.


Durante el desarrollo de la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la procuradora fiscal de La Altagracia, Mercedes Santana, quienes lograron que el tribunal, compuesto por los jueces Sagrario Del Rio Castillo, Mercedes Sena y Domingo Duverges Caraballo, acogieran como buenas y válidas las pruebas aportadas. La víctima estuvo representada por la abogada Liyana Pavón Lugo.


El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, agradeció “la asistencia que el Ministerio Público recibió en el presente caso  de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la persona de su director Cy Winter y la señora Gina Gallardo, a la comunidad china en el país, así como a la Dirección General de Migración, dirigida por el Lic. José Ricardo Taveras”.


El caso


En el expediente se hizo constar además que los imputados   amenazaron a la víctima con tomar represalias contra sus familiares en caso de escapar y no pagar una  deuda que le reclamaban por la suma de US$18,000.00 dólares por el proceso de traslado y acogida que los mismos le habían realizado.


Conforme se determinó, aprovechando su situación de vulnerabilidad, generada por la situación económica de la víctima, la idea de la deuda contraída, así como la amenaza dirigida a sus familiares con los cuales no tenía contacto, el hecho de retenerle sus documentos personales (pasaporte), y de tenerla en una condición de encierro y de encontrarse en un país con idioma y costumbre diferentes a la propia, la obligaron a trabajar de forma forzada en el indicado pica pollo, sin recibir pago alguno, obligándola a comer las sobras, a no beber más de dos vasos de agua al día, a pedir permiso antes de dormir, comer o ir al baño, y recibiendo, inclusive, maltratos físicos y psicológicos.


Las autoridades indicaron que la víctima recibió protección de parte del Ministerio Público y que el dinero producto de la indemnización  le fue depositado en un banco de la República Dominicana donde había aperturado una cuenta antes del conocimiento de la audiencia.


De acuerdo a la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), a nivel mundial se estima que existen 21 millones de personas sometidas a trabajo forzado, lo cual constituye trata de personas.


El Ministerio Público solicitó a todas aquellos ciudadanos que tengan conocimiento de algún caso de trata de personas, denunciarlo de manera anónima a la línea gratuita (809) 200-7393.