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La empresa minera Barrick Pueblo Viejo aseguró este jueves que no le corresponde ofrecer soluciones a personas desplazadas de lugares cercanos a la mina que opera en Cotuí y reiteró que los procesos de desalojo que se produjeron han sido manejados por el Gobierno bajo criterios de organismos internacionales.


Mediante un comunicado, la minera deploró que portavoces de grupos comunitarios señalen sin pruebas que la minera genera contaminación en el entorno en el que opera, así como las recurrentes demandas de derecho de propiedad, reubicación y de pago de compensaciones.


“Estas denuncias ya se han vuelto cíclicas y, según observamos, surgen en coyunturas muy específicas con la mala intención de afectar la imagen de la empresa que se maneja en base a las mejores prácticas ambientales comúnmente aceptadas internacional y localmente”, destacó.


Asimismo, recordó que las autoridades examinan frecuentemente las operaciones de la mina desde el punto de vista ambiental y que a final del año pasado el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, reveló que la institución había realizado 52 inspecciones a la misma.


Con respecto a las demandas de reubicación, la empresa minera citó datos auditados del gobierno dominicano según los cuales 416 familias desalojadas fueron debidamente compensadas en términos económicos, siguiendo los criterios del Banco Mundial para estos casos.


Manifestó que, bajo esos estándares, solo calificaban para recibir nuevas viviendas aquellas personas que residen en los terrenos al momento de hacer la reubicación y que se comprobara que no contaban con otra vivienda. “Solo unas 65 familias calificaron, a las que se les otorgaron su viviendas según lo acordado”, explicó.


Barrick agregó que solo ofreció soporte técnico al Programa de Remediación  del Ministerio de Industria y Comercio, que, junto a la Dirección de Minería, dirigió el proceso de reubicaciones y restauración de medios de vida de personas desplazadas de lugares cercanos a la mina.