imageCon llanto y la satisfacción de haber logrado una sanción ejemplar, recibieron el abogado Jordi Veras y su padre Ramón Antonio (Negro) Veras la condena contra los siete implicados de una trama criminal que consternó a todos los sectores de la sociedad de Santiago y el país.


El también comunicador Jordi Veras tuvo que esperar cuatro años y quince días, desde aquel dos de junio del 2010 para escuchar 30, 20 y diez años de prisión repartidos a un grupo de siete, para luego confundirse en un abrazo con su padre, sus hermanos y todos aquellos que le alentaron y respaldaron a seguir adelante en su clamor de justicia.


La decisión fue tomada en la mañana de ayer por los jueces del Primer Tribunal Colegiado presidido por la magistrada Anneli del Carmen Torres y los jueces José de Jesús De Asís Burgos y Sergio Furcal, además impusieron el pago de cien millones de pesos como indemnización por daños físicos, psicológicos y al pago de las costas.


El monto por indemnización sienta un precedente. El Ministerio Público pedía una condena de 30 años y la parte civil una indemnización de 250 millones de pesos. La mayor condena de 30 años fue impuesta contra Candy Caminero por ser el sicario que hizo los tres disparos que impactaron a Veras y le causó pérdida de la visión.


En tanto que para Adriano Rafael Román Román, acusado de pagar y planificar la tentativa, Engels Carela Castro, Franklin Reynoso Moronta, Roberto Zabala Espinoza y Arturo José Ferreira del Castillo se les impuso una condena de 20 años y diez para Francisco Carela Castro. La sentencia emitida establece que los imputados deberán cumplir la condena en el centro de corrección penitenciaria Rafey Hombres.


Víctima del sicariato


“Se ha hecho justicia y se empieza a resarcir a la sociedad. Yo dedico esta decisión del tribunal a todas las víctimas de sicariato, de la delincuencia y del crimen organizado, como sucedió con personas valiosas como Francina Hungría y otros”, apuntó Jordi Veras. Agradeció el respaldo brindado por los diferentes sectores de la sociedad, los que dijo le dieron fuerza para continuar hacia adelante y no desmayar en el pedido de justicia.


De su lado, Ramón Antonio (Negro) Veras, quien no pudo contener la alegría, advirtió que aunque se está haciendo justicia con esta decisión del tribunal, estará en vigilancia ininterrumpida para que los responsables de la tentativa cumplan su condena y se emita una sentencia definitiva. Agradeció la labor desempeñada por la entonces fiscal de Santiago, Yenni Berenice Reynoso, los investigadores policiales, encabezado por el general Héctor García Cueva y los actuales representantes del Ministerio Público en esta jurisdicción, con su actual fiscal Luisa Liranzo.


“Este es un gran paso de aliento para la sociedad, porque se ha hecho justicia, pero que sepan, que estaremos dando seguimiento constante en todas las instancias judiciales hasta lograr una condena definitiva”, puntualizó Negro Veras.


Recordó que había dicho que la lucha ha sido fuerte, ardua, pero mayor fue el apoyo, solidaridad y el cariño. “Yo pienso que cuando tú tienes eso nada es imposible, la sociedad dominicana ha sido la mejor resarcida con este asunto, porque necesitaba un mensaje, hemos estado golpeados por el sicariato y por la delincuencia”, manifestó. Y agregó que “el mensaje que ha mandado el tribunal desde Santiago en el día de hoy es diciéndole a los dominicanos y dominicanas que hay mejoras en este país; sí se puede, sí podemos hacer algo mejor de lo que tenemos y eso es una señal”, manifestó Veras.


Aunque el atentado contra Jordi Veras se produjo el día dos de junio cuando llegaba a las instalaciones del canal 25, ubicado en el centro histórico, para apresar e imponer las medidas de coerción contra los siete imputados hubo que esperar hasta el 17 de noviembre del 2010. El proceso se tornó lento, al punto de que durante la audiencia preliminar y el fondo, se produjeron 34 aplazamientos y cinco suspensiones.


Solo en la preliminar fueron 14 y otras veinte en el fondo, debido a las constantes argucias de los abogados de la defensa de los implicados, en algunas ocasiones, dejando de asistir o buscando como excusa el retiro porque no habían comido. Desde entonces, el proceso tardó tres años y seis meses, con al menos 300 horas de audiencias y de constantes reenvíos.


Una larga historia


El día cuatro de enero del 2011, la Corte de Apelación Penal del departamento judicial de Santiago, ratificó las medidas de coerción de un año de prisión preventiva contra el empresario Adriano Román y otros seis imputados en el atentado criminal contra Veras. El tribunal presidido por la magistrada Josefa Disla y los jueces Francisca Gabriela García de Fadul y Brunilda Castillo de Gómez, también rechazó la solicitud de los imputados que pedían se les garantizara visitas y la exposición al sol de Román, pues según los jueces, ellos no son competentes para regular esa situación. La decisión de los jueces ratificó la medida de coerción del pasado 17 de noviembre del 2010 por la magistrada Águeda García, del juzgado de Atención Permanente, que dictó doce meses de prisión preventiva contra los siete imputados.


La génesis de la tentativa contra Jordi Veras nace, tras la condena a 20 años de prisión lograda contra Román, por intentar ultimar a su exesposa Miguelina Llaverías. Veras para esa fecha era abogado de Llaverías. En la tentativa contra la expareja sentimental de Román también participaron Engels Carela y Franklin Reynoso.


La audiencia inició a las 9:50 de la mañana, con un resumen del proceso leído por el juez José de Jesús de Asís Burgos. El magistrado cuestionó que el Ministerio Público no individualizara las peticiones de las penas, lo que dijo era violatorio. El juez recordó que por materializar el crimen, el grupo recibiría la suma de un millón 500 mil pesos y que de ello fueron adelantados 200 mil pesos. El Primer Tribunal Colegiado avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó que era Adriano Román la persona que se escuchaba, junto a Franklin Reynoso, en una grabación en equipo MP3, en el planificado crimen. También establece que el aparato fue facilitado por Engels Carela.


Tras presentar los argumentos que llevaron a tomar la decisión, la secretaria del tribunal, Vianela Guzmán, leyó la sentencia. El grupo está acusado de violar los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal.


Durante todo el proceso desfilaron diferentes testigos del caso, entre estos el general Héctor García Cueva, quien para el día dos de junio del 2010, cuando ocurrió el hecho, se desempeñaba como director de inteligencia y dijo que en la trama, Román y Francisco Alberto Carela lograron contratar como sicarios al teniente de la Policía Roberto Zabala y al raso Candy Caminero Rodríguez. El general García Cueva, quien actualmente es el comandante de la plaza de la provincia Santo Domingo, dijo que lograron con la investigación determinar que los que están implicados fueron los responsables.


En total, fueron ocho los altos oficiales que sirvieron como testigos, incluido el general de la Armada Dominicana (Marina de Guerra) Wilfredo Ortiz, quien trabajó en la parte tecnológica en el proceso investigativo. Tamares Santiago, uno de los 24 testigos del proceso, durante las preguntas que hacía el Ministerio Público y la defensa de los imputados, refirió que para determinar la participación de Candy Caminero y Roberto Zabala, dos exagentes policiales, además de un mapeo, hicieron un rastreo por llamadas desde “teléfonos macos”. En el proceso de investigación comparecieron los fiscales Miguel Ramos y Newton López.


Reacciones


El abogado Leonardo Tavares, quien representó al imputado Franklin Reynoso, dijo que la decisión de los jueces era la crónica de una condena anunciada debido a la presión a la que fueron sometidos los magistrados. Puso como ejemplo la presencia constante que hacía el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, al tribunal. “Parece que tiene mucho tiempo de ocio que solo hacía venir al tribunal”, expuso. Los imputados tuvieron poco respaldo de familiares y amigos.


El procurador General, Francisco Domínguez Brito, valoró las sanciones a los implicados en el atentado contra Veras.


Manifestó que este es un caso que golpeó lo más profundo de la familia dominicana y describió a la familia Veras como persona ejemplar, gente de bien de Santiago. “Uno ver ese tipo de crimen indudablemente que consterna y duele, nosotros esperamos la mayor de las sanciones, esperamos una decisión drástica, esperamos un mensaje de no impunidad. Esa es nuestra esperanza en la mañana de hoy”, sostuvo Domínguez Brito. Dijo que con esta decisión judicial se está enviando un mensaje contra los responsables de estas acciones. “Nosotros creemos que a los que cometen este tipo de actos debe aplicarse todo el peso de la ley y sancionarlos”, dijo Brito.


Familiares y amigos los respaldaron


Jueces, exmagistrados de la Suprema Corte de Justicia, empresarios y comunicadores, entre otros, acudieron a escuchar la sentencia en solidaridad con el abogado Ramón Antonio Veras y Jordi Veras. Entre los que dieron su apoyo estaban el empresario Félix M. García C., y el exjuez de la Suprema, Julio Aníbal Suárez.


En todo momento también estuvieron dos de sus hermanos, quienes al ver que se hacía justicia se fueron en llanto. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien esperaba la pena máxima contra los siete imputados, dijo que con esto la Justicia envía un mensaje a los que se dedican a estas acciones. A lo largo de estos más de cuatro años, Negro Veras escribía un artículo y convocaba a rueda de prensa para recalcar el reclamo de justicia por el caso de su hijo, periodo con el que logró la solidaridad de Santiago y el país.


Complacidos


José Lorenzo Fermín
Abogado de Jordi Veras
“La Justicia da con esta decisión un paso de avance, cuando castiga a los responsables de estas acciones criminales y sienta un precedente para quienes incurren en este tipo de acciones criminales”.


Francisco Domínguez Brito
Procurador de la República
“Uno ver ese tipo de crimen indudablemente que consterna y duele y lo que se espera es que se aplique la mayor de las sanciones, esperábamos una decisión drástica, esperamos un mensaje de no impunidad”.