imageSANTO DOMINGO.- La jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional adjudicó a la empresa Impacto Urbano dos apartamentos propiedad del alcalde de la capital, Roberto Salcedo, durante una subasta realizada hoy.


La magistrada Kandy Marcial Pascual adoptó la decisión luego de abrir el proceso y no aparecer otros ofertantes. DL trató de comunicarse con el alcalde capitalino para conocer su reacción, pero no fue posible. Sin embargo, una fuente del Despacho dijo que el caso está en manos de la Consultoría Jurídica del cabildo, porque se trata de un asunto institucional y procederán en la forma que amerita el caso.


Los apartamentos adjudicados por RD$31 millones, están ubicados en la calle Pedro Henríquez Ureña, edificio Torre Romanza, apartamentos 1-B y 3-B. “El precio ofrecido como primera puja es de RD $31,375,224.12, más los gastos de honorarios, que ascienden a RD$274,200”.


La decisión se produjo a las 11:13 a.m. La audiencia, que estaba pautada para las 9:00 a.m., tiene que ver con un litigio entre la empresa y el alcalde, que originaron una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo.


Esta decisión del 3 de diciembre del año 2005 impone el pago de un astreinte de RD$10,000 diarios por cada día que dejara de reconocer los derechos contractuales de Impacto Urbano y respetara las vallas publicitarias de esa empresa dominico-argentina.


Por medio de sus abogados Rolando de la Cruz Bello, Rafaela Espaillat Llinas y Jorge Elizardo Matos, la empresa notificó la venta en pública subasta de los inmuebles. Asimismo, dieron a conocer un avisto público con tales propósitos.


Los inmuebles afectados por la decisión judicial son los apartamentos 1-B y 3-B del Condominio Torre Romanza, cada uno con una superficie de 360 metros cuadrados, ubicados en la avenida Pedro Henríquez Ureña casi esquina Alma Mater.


La empresa Impacto Urbano, que preside el argentino Pedro Miguel Sheppard, se estableció en la ciudad de Santo Domingo a partir del 1998 mediante autorización otorgada por la administración y el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional durante la gestión del alcalde Johnny Ventura.


La empresa plantea que cinco jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional establecieron de manera definitiva e irrevocable la relación contractual que la protege.


En marzo de 2009, el Juzgado de Paz para asuntos municipales del Distrito Nacional descargó a los ejecutivos de la publicitaria, quienes habían sido sometidos a la justicia por el cabildo, por alegadamente estar operando de forma ilegal, por lo que demandó ó a la empresa por RD$38 millones y solicitaba 8 meses de prisión para sus ejecutivos.