seruEl exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Hanlet Otáñez, y juntas de vecinos, plantearon a los diferentes sectores locales que rechacen las supuestas negociaciones de aposento que ha realizado la Alcaldía de este municipio con una empresa puertorriqueña que ha sido responsabilizada de la recogida de la basura en esta ciudad.



Otáñez explicó que ese convenio tiene como único propósito salvar financieramente a las empresas recolectoras de basura, que en nada beneficiaría a la población y que se convertiría en otra tragedia para Santiago.


“La actual gestión está próximo a cumplir 4 años, y no ha podido avanzar en el establecimiento de un sistema, al menos aceptable, para la recolección de los desechos sólidos que generamos los santiagueros, siendo esta una de las responsabilidades básicas de cualquier Ayuntamiento del país”, reveló el exfuncionario y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).  Según Otáñez, en Santiago se producen 1,000 toneladas diarias de basura y la Alcaldía ha sido incapaz de recolectar el 60% de esta, habiendo incrementado en más de 30% la tarifa de este servicio a los ciudadanos.


Asimismo, estima que lo primero que debió hacer la alcaldía antes de firmar ese acuerdo, fue convocar a la junta directiva de la Corporación de Aseo de Santiago (CASA), para que esta asuma, tal y como establece la Ordenanza Municipal número 2748-06 del Ayuntamiento de Santiago. Otáñez, quien es miembro del Comité Central del PLD, declaró que las fuerzas vivas de la comunidad asumirían la dirección de la recolección de los desechos sólidos y su disposición final, ante la incapacidad de las dos últimas gestiones municipales.


El exdirector de Coraasan recomendó que se rescindan los contratos con las empresas que mal recogen la basura y pasar a realizar operaciones de emergencia durante un período no mayor de 3 meses y celebrar una licitación pública internacional, transparente y expedita, donde resulte una nueva contratación de empresas con visión, planes, equipos y recursos que puedan hacer frente en el corto y mediano plazo a esa situación.


De su lado, el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Santiago, Carlos Ramos, dijo que el acuerdo con la recolectora boricua debió pasar por el Consejo Edilicio. Dijo que los santiagueros deben rechazar ese convenio.