presidente JCESANTO DOMINGO.– La Cámara de Cuentas de la República (CCR) detectó violaciones a leyes y normas en la Junta Central Electoral (JCE) en la ejecución de obras de construcción por un valor superior a los 300 millones de pesos, en el año 2012, cuando se celebraron las elecciones presidenciales.


En su defensa, los funcionarios de la JCE alegaron los aumentos en los presupuestos de las obras se debieron a “error de diseño”.


Las anomalías cometidas por el órgano electoral y descubiertas por la Cámara de Cuentas violan la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones del Estado.


El informe de auditoría explica que la  JCE  ejecutó 23 obras en distintos puntos del país, cuyos presupuestos fueron incrementados hasta en un 61%  de su costo inicial.


La auditoría fue hecha entre enero y diciembre de 2012.


La entidad presupuestó para las obras un monto de RD$ 218 millones 747 mil, pero durante el proceso de construcción fue llevado a 304 millones 004 mil  pesos, registrando un adicional de 85. 2 millones por encima de lo estimado en el presupuesto para las construcciones.


Los aumentos fueron aplicados, según las autoridades  del órgano electoral, a partidas no incluidas y aumentos de volúmenes no estimados inicialmente.


De las 23 obras levantadas durante el 2012 por la JCE, los auditores  tomaron una muestra de 11 edificaciones, de las cuales 9  sufrieron incremento en su presupuesto superior al 25 %, en contra de lo que establece la Ley 340-06.


El informe destaca la constricción en San Juan de la Majuana de las oficinas del Registro Civil, donde operan también un Centro de Cedulación y una Junta Electoral. La obra tuvo un costo inicial de RD$37 millones y terminó en 59.6 millones de pesos, unos 22. 6 millones más de lo presupuestado.


Otra de las obras en la que alteró su  presupuesto inicial fue la construcción del local de la Junta Electoral de Pedernales, la cual fue contratada  en RD$ 36.6 millones  y terminó costando la suma de  RD$55.8 millones,  una diferencia de 16.1 millones de pesos.


Los auditores advierten y critican también el incremento en el presupuesto de la construcción  del restaurante para empleados de la sede principal de la JCE, obra adjudicada por RD$ 33.7 millones y que luego aumentó a 43.7 millones  de pesos, 9.9 millones de pesos por encima de su costo inicial.


Asimismo, la constricción de las oficinas de  la Junta Electoral de Pepillo Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, presupuestada en RD$ 16. 4 millones,  fue llevada  a 22 millones de pesos, unos 5.6 millones de pesos de diferencia.


Otras de las obras que superó el presupuesto inicial fue la construcción de la oficina del Estado Civil de la provincia Barahona, cuyo contrato fue de RD$ 35.6 millones y terminó en   46.8 millones de pesos,  11.1 millones más de lo estimado en el presupuesto.


En el municipio de Sabana Yegua, en la provincia San Juan de la Maguana, la Junta Central Electoral construyó las oficinas del Estado Civil y Centro de Cedulación, adjudicada por un monto de RD$ 15.3 millones, pero  el presupuesto fue  elevado  a 22.3 millones, incrementando su costo en un 52 por ciento.


La Cámara de Cuentas  considera que las autoridades de la Junta Central Electoral habrían violado el Reglamento de Aplicación  de la Ley 340-06 en su Artículo 117, que dispone:


“La entidad contratante podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un   veinte y cinco por ciento (25%), el monto del contrato original de obras públicas, y hasta el 50% en el caso de la contratación de servicios, en ambos casos, siempre y cuando se mantenga el objeto contractual y cuando se presente circunstancias que fueren imprescindibles en el momento de iniciar el proceso de contratación y si la única forma de satisfacer planamente el interés público y el objetivo del contrato”.


Además, los auditores de la CCRD comprobaron que las edificaciones de la JCE auditadas carecen de la aprobación de los planos por parte de los organismos correspondientes, infringiendo el decreto 576-06 que establece los requisitos de aplicación del Reglamento  General de Edificaciones y Tramitación  de Planos.


Reacción oficial de la JCE


El informe de auditoría explica que las autoridades de la JCE argumentaron ante los cuestionamientos de la Cámara de Cuentas, que los aumentos se registraron por un error de diseño.


Según afirman los ejecutivos de la JCE,  no fueron incluidas partidas para áreas de parqueos y verjas.


Argumentaron que tal situación fue notificada al CODIA, entidad que, supuestamente, mantuvo el presupuesto en cada caso y autorizó las construcciones.


“…Para evitar pérdidas entre las partes, se procedió a procurar el equilibrio del contrato, al tenor de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones  del Estado”, argumentaron las autoridades del órgano electoral.


Emisión de cheques a favor de funcionaria


En la investigación contable los auditores encontraron cheques emitidos a favor  de la directora Administrativa de la Junta Central Electoral, Cinthia Miguelina Pellicce Pérez, por el monto de RD$ 9 millones 106 mil 588, para -supuestamente- cubrir  pagos a obreros que trabajaban en la remodelación de  locales de la entidad en 2012.


Al menos 19 cheques fueron retirados por la directora administrativa durante el período auditado. Entre estos cheques hay que superan los  tres millones de pesos.


La Cámara de Cuentas considera que por el monto envuelto en los  gastos, los desembolsos no debieron de ser emitidos a favor de un funcionario de la entidad.


El ente regulador  de los fondos públicos le recuerda que la función de la directora administrativa de la JCE no es emitir ni recibir cheques  a su favor, sino la de supervisar las actividades administrativas y financieras de la institución pública.


El informe  critica que la directora administrativa participara en el procedimiento elaborado para regular la remodelación  y adecuación de los locales  de la JCE, siendo  esto una función de la Dirección  de Auditoría  Interna,  la cual establece las normas y políticas de la institución.


En sus recomendaciones la CCRD sugiere a la máxima autoridad de la JCE  descontinuar la práctica de ordenar al director financiero emitir cheques a favor de la directora administrativa para  cubrir pagos de remodelación de locales u otras obligaciones.