imageRoberto Rosario alega que sólo la Cámara de Cuentas tiene competencia para fiscalizar esa y todas las instituciones que tienen autonomía constitucional. La Junta Central Electoral (JCE) se apresta a elevar un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones para que sea el


Tribunal Constitucional el que determine si la Dirección de Contrataciones Públicas tiene o no competencia para fiscalizar las instituciones investidas de autonomía constitucional como es el caso del órgano electoral.


La decisión del organismo surge a raíz de que la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, le ha insistido a la JCE en la entrega del pliego de condiciones de la licitación pública internacional que hizo para la adquisición de los equipos y materiales para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral a lo que el organismo se ha negado.


La dirección de Contrataciones Públicas fue apoderada de los recursos de revisión a la licitación que hicieron las empresas Global ID Solutions y Phyhex Ventures, representadas por el abogado Francisco Álvarez. Igualmente, la Contraloría general de la República ha intentado investigar la administración de la JCE al solicitarle la entrega de la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas al periodo del 31 de enero al 31 de diciembre del 2012 con el objetivo de darle seguimiento a las recomendaciones que hizo la Cámara de Cuentas en su informe.


Intercambio de misivas


El 13 de marzo, la JCE recibió una comunicación de la Dirección de Contrataciones Públicas en la que le pide al presidente del organismo, Roberto Rosario, la documentación de la licitación, además del escrito de defensa a las acusaciones de las empresas, que cuestionan el concurso en el que adjudicó la adquisición de equipos y materiales para la nueva cédula a fin de verificar que en el proceso se cumplió con lo establecido por la ley 340-06.


El 26 de ese mismo mes, la JCE le negó la solicitud alegando la autonomía que le da el artículo 212 de la Constitución, por lo que las actuaciones de organismo estarán sometidas a la ley 340-06 siempre y cuando su contenido no vulnere su autonomía. Guzmán le contestó que su función no es interpretar la Carta Magna y reiteró la solicitud.