JuezEl Poder Ejecutivo devolvió ayer al Senado de la República el Código Procesal Penal (CPP) con 25 observaciones, incluyendo el restablecimiento del párrafo III del artículo 85, devolviendo así a los ciudadanos la prerrogativa de querellarse contra los funcionarios públicos por alegados actos de corrupción.


En la misiva, enviada por el presidente Danilo Medina al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el mandatario argumenta que la propuesta de supresión de este párrafo ha generado un importante debate entre la clase jurídica dominicana y propone su restitución, hasta tanto el Tribunal Constitucional dirima si el mismo, se encuentra o no, conforme al texto de la Constitución.


“En segundo término, preocupa que se mantenga la redacción del penúltimo párrafo del artículo en cuestión, que limita la posibilidad de querellarse de las entidades del sector público. Experiencias en grandes e importantes procesos han revelado la necesidad de que esto sea revisado y que se contemple la posibilidad de que estas entidades puedan participar en calidad de querellantes.


Por lo anterior nos permitimos sugerir que este texto sea corregido en ese sentido”, reza la comunicación.


Medina afirma que tras leer con detenimiento el proyecto y habiendo conocido el criterio de amplios sectores, considera que algunas de las modificaciones entran en contradicción con lo dispuesto en la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal.


“Asimismo, hemos tenido en cuenta que ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos, con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”.


Afirma que dichas observaciones evitarían un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho.


Además del artículo 85, Medina sugiere que se supriman los dos últimos párrafos del artículo 226, argumentando que resulta altamente preocupante el hecho de que se haya establecido el carácter preferencial u obligatorio de la medida de prisión preventiva, cuando los jueces estimen que existen elementos de prueba suficientes contra aquellos imputados acusados de cometer infracciones, cuya pena imponible sea de veinte años o más.


El Poder Ejecutivo sugiere que el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal, se mantenga la redacción vigente del artículo 25, sobre la interpretación de las normas procesales, que expresa que la duda favorece al imputado.


En cuanto al artículo 4, que modificaba el párrafo III, del artículo 31, relativo a la acción pública e instancia privada, afirma que aborda el desistimiento de la denuncia, podría generar distorsiones en su correcta interpretación y conflictos en el ejercicio del derecho a querellarse.


Mientras que el artículo 6 de la reforma, que busca modificar el artículo 34, sobre la oportunidad de la acción pública, se alega que la incorporación de los literales B, C y E entran en contradicción con el carácter objetivo, que desde la perspectiva político–criminal, requiere este tipo de soluciones alternas, las cuales deben ser examinadas caso por caso y no de forma general.


El Ejecutivo también observó las modificaciones introducidas por los legisladores a los artículos 49, 59, 72, 74, 134, 281, 283, 293, 303, 338,392, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 437, 438 y 439.


“En relación a la propuesta transversal de extensión de los plazos del proceso expresado en los artículos a lo largo de la ley en cuestión, entendemos que deben ser revalorados a los fines de que si bien resulten adecuados a la realidad práctica existente, no se constituyan en elementos nocivos a los derechos fundamentales de las partes que integran los procesos”.


Plantea que de manera particular estos textos pudieren entrar en contradicción con el derecho acordado por la normativa constitucional a los ciudadanos sometidos a procesos, de que sus casos sean resueltos en un plazo razonable en seguimiento al Artículo 69.2 de la Constitución.


Diputados se acusan mutuamente


El amplio rechazo que han suscitado las modificaciones al Código Procesal Penal, en especial la eliminación del párrafo III del artículo 85, ha atizado las diferencias entre varios miembros de la Cámara de Diputados, que ayer intentaron desvincularse de las reformas introducidas a la pieza.


El diputado Víctor Suárez, autor de la propuesta de la modificación del CPP, en rueda de prensa reconoció que no leyó los cambios que se le aplicaron al proyecto para ser reintroducido.


Sin embargo, aclaró que las reformas fueron consensuadas en vistas públicas en todo el país con la participación de diferentes instituciones de la sociedad, las que aseguró no contemplaban cambios al párrafo III.


“Lo que la Comisión buscó en su momento y que está en el acta original era consensuar lo que debe decir el Código Procesal Penal con lo que dice la Constitución de la República que habla de denuncia y no de querella”, manifestó.


El legislador dijo que favorece una investigación tal como lo propuso su colega de bancada, Minou Tavárez, al tiempo que reiteró que nunca ha tratado de modificar, ni eliminar “ningún párrafo” de la normativa.


“Reitero, es costumbre de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, que usted deposita un proyecto, sufre muchas modificaciones y en el camino usted deposita el último que perimió y así ahorrarse tiempo de las discusiones de años que tiene el Código Procesal Penal”, dijo el diputado.


Al cuestionársele si estaba o no de acuerdo con la eliminación del párrafo III, el legislador afirmó que lo que se está discutiendo es si esa parte del CPP es contraria o no con la Constitución.


Demóstenes: “Víctor Suárez miente”


En otra convocatoria de prensa, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Demóstenes Martínez, quien defiende las modificaciones al CPP, refutó las declaraciones de Suárez, y aseguró que éste le miente al país con la intención de justificar su omisión a las discusiones en la Cámara de Diputados.


“Este procedimiento parlamentario que establece la Constitución de la República en ningún momento ha sufrido ningún tipo de alteración, ningún tipo de vulneración al mandato de la Constitución. El que así se pronuncia entonces le está faltando a la verdad, y en consecuencia le está hablando mentira a la República Dominicana con la intención de justificar una acción de omisión, de no lectura y ni tampoco escuchar lo que se discute en la Cámara de Diputados”, expresó.


Aseguró que las discusiones de la comisión no solo estaban contenidas en la iniciativa de Suárez, sino también que fueron citadas “punto por punto” en el contenido de las modificaciones aplicadas al CPP.


“Mencionamos en el hemiciclo la modificación del artículo 85 cuando señalamos que en un proceso de homologación con la Constitución de la República se resuelve el tema de la denuncia y la querella”, enfatizó Martínez.


En la sesión ordinaria del pasado martes, la diputada oficialista Minou Tavárez denunció que a los diputados se les sorprendió en su buena fe, ya que se les informó que como se trataba de un proyecto perimido no era necesario enviarlo a comisión porque iban a aprobar las mismas modificaciones que se habían introducido con anterioridad, lo que resultó no ser cierto.


Comisión de Ética investigará el tema


En medio de las acusaciones que ha generado la supresión del párrafo III, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien hasta ayer había guardado silencio en torno al tema, convocó con “carácter de urgencia” a la Comisión Permanente de Ética del órgano cameral, a fin de que se investiguen los procedimientos legislativos seguidos por el proyecto, desde su sometimiento hasta su aprobación, tal como lo sugirió la diputada Minou Tavárez en la sesión pasada.


“A los fines de esclarecer de manera precisa todo el proceso agotado por esta iniciativa, desde su sometimiento hasta su aprobación y envío al Senado, le exhortamos a realizar una investigación exhaustiva, completa y a no escatimar ningún esfuerzo a los fines de clarificar todo el proceso”, expresó Martínez a través de una misiva enviada al diputado Henry Merán, presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, y a Lupe Núñez, presidente de la Comisión de Ética del organismo.