haitSANTO DOMINGO. El inmigrante haitiano que demandó al país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que la Junta Central Electoral (JCE) acusó el martes de apoyarse en documentos falsos para sustentar su nacionalidad dominicana, usó esa identidad fraudulenta para declarar el nacimiento de tres personas, y votar en cinco de los últimos torneos electorales.


La querella presentada ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, indica que el imputado William Medina Ferreras utilizó su cédula falsa para votar en los procesos electorales de los años 2002, 2006, 2008, 2010 y 2012. “Que, además, utilizando esta cédula de identidad (019-0014832-9), el señor William Medina Ferreras, procedió a realizar las declaraciones de los inscritos Carolina Medina Pérez, Luis Ney Medina Pérez y Awilda Medina Pérez”, indica la querella.


En octubre de 2013, Medina Ferreras, de 47 años, declaró ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que vivía en el fronterizo municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, y que una madrugada, hace 14 años, llegaron a su casa militares y una supuesta funcionaria de Migración, y lo detuvieron, “acusado de haitiano”. Dijo que, pese a ser dominicano, fue repatriado a Haití, junto con su familia en el año 2000, teniendo que mendigar para sobrevivir en ese país.


Su caso pertenece al expediente conocido como “Tide Méndez y otros vs. República Dominicana” que se refiere a la expulsión de 27 personas, una acción tildada como muestra de discriminación racial en República Dominicana y alegadas violaciones a los derechos humanos durante redadas y repatriaciones masivas en la década de los 90.


El expediente presentado por la JCE señala la realización de indagatorias para verificar si se correspondían con la realidad los padres y hermanos citados por Medina Ferreras, resultando también una farsa. La querella dice que el acta de nacimiento conseguida irregularmente por el imputado indica un registro en la Oficialía del Estado Civil de Cabral.


La JCE se constituyó en actor civil, y solicitó el martes a la Fiscalía del Distrito Nacional investigar al imputado y cualquier persona que resulte implicada, para ser sometidos a la justicia. La institución exigió una reparación de daños y perjuicios, provisionalmente evaluada en un monto total de RD$1 millón, y la aplicación de las sanciones penales correspondientes.