defeLa Defensora del Pueblo, la doctora Zoila Martínez Guante,  reclamó al alcalde del  Distrito Nacional más protección para las tumbas y panteones que componen el cementerio Cristo Redentor y otros camposantos de la capital dominicana, dado el abandono y la inseguridad que envuelve a los ciudadanos que visitan a sus muertos.


Además, demandó también que al cementerio Cristo Redentor le sea construida una verja perimetral que lo divida de un matadero que lo rodea,  toda vez que perros y otros animales penetran al lugar en busca de huesos, lo que hace daño a los cadáveres que están enterrados.


Igual petición hace la funcionaria a otros alcaldes de todo el país, especialmente a los que componen el Gran Santo Domingo,  ya que entiende no invierten un sólo centavo en guardar la dignidad humana aunque sea después que las personas mueren y están  enterradas en los cementerios.


Informó que está dispuesta a donar hasta 100 mil pesos  de sus ahorros personales para que el alcalde Roberto Salcedo inicie la  construcción de la verja que divide el cementerio Cristo Redentor del Matadero que lo circunda. También, dijo que se debe instalar un destacamento en el Cristo Redentor,  para que impidan el robo de cadáveres, sarcófagos y la violación de tumbas.


Otro reclamo al alcalde del Distrito Nacional por parte de la Defensora del Pueblo es que se dote de guantes, uniformes y máscaras a los obreros que recogen la basura,  para que se evite sean víctimas de enfermedades y epidemias propio de la infección en que se encuentran al recoger los desechos sólidos en el Distrito Nacional.


Otra preocupación de la doctora Zoila Martínez Guante es que la vigilancia en el Cementerios y otros del país tenga que ver con el impedimento de entrada a niños y niños que sufren atropellos y violaciones por parte de delincuentes que ocupan los camposantos para dañar sus estructuras.


Para sustentar sus reclamos,  la Defensora del Pueblo envió tres correspondencias a la Alcaldía del Distrito Nacional, al despacho del alcalde Roberto Salcedo,  a fin de que asuma la resolución de esos problemas que afectan los derechos de la ciudadanía.