danilo-medina-2-300x256SANTO DOMINGO – La oposición del sector empresarial a la inversión pública en la generación eléctrica, tendrá que ser refrenada. El presidente Danilo Medina envió al Senado un proyecto de ley que autoriza la participación provisional del Estado en este ramo a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).


Pendiente el pacto eléctrico incluido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la decisión del gobierno es una especie de jarro de agua fría sobre las suspicaces cabezas de la cúpula empresarial, que en incontables ocasiones ha criticado la inversión gubernamental en dos plantas de carbón que, de conjunto, producirán 1,200 megavatios.


Los proyectos de generación que se ejecuten bajo esta modalidad deberán observar de manera estricta todas las disposiciones constitucionales y normativas establecidas para cada caso, salvo la excepción prevista en el Artículo 3, de la presente Ley.


En su artículo 2 el proyecto establece que la participación estatal subsidiaria en generación de electricidad será provisional, hasta tanto se logre la contratación y el inicio eficiente de proyectos de generación que permitan satisfacer la demanda proyectada de electricidad y se garantice el acceso a todos los usuarios que la requieran en condiciones de universalidad, continuidad, eficiencia, calidad, equidad tarifaria y preservación del medioambiente.


De acuerdo al artículo tres de  la propuesta del Ejecutivo, la negociación y el cierre de proyectos de generación promovidos, titularizados o que sean propiedad directa o indirecta, total o mancomunada del Estado a través de la CDEEE, en el marco de la atribución que conferiría la ley, estarán eximidas de los procedimientos y plazos establecidos en la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, del 18 de agosto de 2006, su modificación y reglamentación complementaria.


“Los objetivos perseguidos por la presente Ley, así como sus disposiciones, tendrán primacía interpretativa y aplicativa sobre cualquier disposición de igual o menor rango jurídico que le resulte contraria o genere conflictos interpretativos respecto de su aplicación”, explica la iniciativa. Entre las motivaciones del proyecto está que el déficit permanente del suministro de electricidad afecta todas las actividades, al incidir con alto impacto en áreas sensibles.


Consecuencia de lo descrito son ““(i) altos costos en la logística de la producción industrial que se traducen en una merma de la capacidad competitiva de la industria local y que afectan la cadena de precios que surge de la interacción comercial entre los diversos actores y variables de la economía; (ii) un incremento en los costos regulares de los usuarios del servicio público, quienes incluso deben, en adición al pago de su servicio eléctrico regular, procurar la satisfacción plena de su demanda a través de fuentes alternas complementarias; (iii) la disminución cotidiana de la calidad de vida y la pérdida del bienestar de los dominicanos; (iv) un incremento de los índices de inseguridad ciudadana, fruto de la oscuridad nocturna en muchas comunidades y entornos sociales”.


Otro de los considerandos refiere que un conjunto de estudios técnicos y económicos realizados por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, demuestran que una de las causas fundamentales de la crisis que padece el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), radica en los altos costos de la matriz energética actual, cuyas fuentes de producción corresponden predominantemente a combustibles fósiles de precios volátiles y distorsionantes. Lo anterior vendría a confirmar “la necesidad impostergable” de aumentar la capacidad de generación del parque local a base de fuentes de menor costo y volatilidad, ante el proyectado incremento de la demanda en el corto y mediano plazo.