NARCO-730x441Santo Domingo.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se tomó seis días para anunciar el arresto de una persona a la que incautó en su vehículo US$500 mil dólares, y lo hizo dos días después de que un juez dispuso la libertad del imputado, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que sustentaran la acusación de lavado de activos.


El arresto de Eduardo Andrés Massanet Martínez se produjo el 17 de febrero pasado, cuando fue interceptado en las proximidades de la calle Hermanos Pinzón esquina avenida Teniente Amado García Guerrero mientras conducía una jeepeta marca Cayenne Porsche blanca modelo 2014.


En el interior del vehículo le fueron detectados 499,400 dólares, además de varios comprobantes de transacciones bancarias. La solicitud de medida de coerción fue fijada para el 20 de febrero, tres días después de la detención, pero a solicitud de la parte acusada se pospuso para dos días después, pues este requirió de ese plazo para presentar lo que a su entender eran elementos que le permitían demostrar la procedencia del dinero incautado.


Finalmente, la medida de coerción se conoció el 22 de febrero y el juez de Servicios de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, decidió concederle la libertad pura, debido a que, según su entender, el Ministerio Público no había suministrado pruebas sobre el tipo penal que le imputaba a Massanet Martínez.


La defensa mostró documentación que lo señalan como propietario de seis negocios suplidores de mercancías que ellos importan de China y Panamá, además de suministrar un listado de las empresas a las que les compran en esos países. La reacción del Ministerio Público fue admitir lo que decía la defensa, pero reaccionó señalando que “el imputado presenta las características que utiliza el narcotráfico, por eso lo estamos investigando”.


Añadió ante el juez Vargas que “el imputado es la persona ideal para el lavado de activos, ese dinero no es propiedad de sus padres ni de las compañías, ese dinero era para depositar en diferentes cuentas de red de narcotraficantes”. Sin embargo, sobre esa afirmación las pruebas aportadas fueron las mismas actas de allanamiento en las que se encontró el dinero y los recibos de depósitos bancarios.


La reacción del imputado fue señalar que “si soy producto de una organización que entra dinero al país, que supuestamente yo deposito, soy socio de los importadores de la José Martí, no sé de qué organización habla el Ministerio Público. Deben tener el nombre de la persona que me dice a mí lo que tengo que hacer, y no han presentado nada”.


Al término de la sesión, el juez Vargas decidió la puesta en libertad pura y simple del imputado porque, a su juicio, “el Ministerio Público no ha presentado pruebas que configuren los elementos del tipo que se arguye, lavado de activos, ya que la posesión per se de dinero no constituye infracción penal en República Dominicana, y de modo alguno, de las transcripciones de las escuchas telefónicas practicadas con autorización judicial a la comunicación de dicho imputado pueden deducirse consecuencias que lo vinculen con una supuesta red de narcotráfico”.