alzas en el transporteLas normativas que pondrían fin al caos existente en el sector transporte y sustituirían a la obsoleta Ley 241, del año 1967, parecen dormir el sueño eterno en el Congreso Nacional, prolongando en el tiempo el desorden en las vías públicas. Sólo en la pasada legislatura ordinaria perimieron cinco anteproyectos, entre los que figura una iniciativa que crea la Superintendencia Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.


La pieza, de la autoría del diputado Francisco Santos, se suma al proyecto de  Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, concebido por Tobías Crespo, el cual cumplirá tres años en discusión y que, entre otras cosas, plantea la creación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana (Instran), que agruparía en una, a todas las entidades relacionadas a ese sector de servicio.


En diciembre pasado, la comisión encargada de estudiar la pieza, redactaba el informe final que sería presentado al hemiciclo. En aquel momento, Tobías Crespo, dijo a elCaribe que más de 30 instituciones involucradas con el tema habían presentado sus propuestas a la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y expresó su confianza de que la pieza consiguiera el voto favorable de sus colegas y siguiera su curso al Senado de la República.


También fueron consultados los transportistas representados en la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), el Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) y las federaciones de motoconchistas.


Regular el motoconcho


En la Cámara Baja también reposan dos iniciativas tendentes a regular el transporte de motoconcho: una que busca prohibir que más de una persona se desplace en vehículos de dos ruedas (motocicletas) en la zona urbana y otra, que regula y reglamenta el popular servicio. El primer anteproyecto, de la autoría del legislador perredeísta Eugenio Cedeño, prohíbe el transporte de más pasajeros de los estipulados en la matrícula y obligaría a quienes se dedican al oficio, a obtener una licencia para tales fines.


Mientras que la segunda iniciativa, del peledeísta Radhamés Fortuna, surgió a finales del 2012, como respuesta a la ola de robos y asaltos que se cometen a bordo de estas unidades. Ambas propuestas quedaron sobre la mesa. Según el Boletín Estadístico elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el parque vehicular de la República Dominicana, más del 51 por ciento son motocicletas.


Plantean la creación de un Sistema de Terminales de Autobuses


Otro de los proyectos perimidos es el que crea el Sistema de Terminales de Autobuses de Pasajeros, que establece los puntos de partida de los servicios de transporte hacia las provincias del país y sus municipios, y que según su autor, Francisco Santos, surgió a raíz de su preocupación por el congestionamiento vehicular provocado, en gran medida por las paradas improvisadas.


El artículo uno de la referida pieza confiere al Estado la responsabilidad de implementar dicho sistema, acordando las inversiones para la construcción de terminales, a través de concursos a inversionistas o a empresas dedicadas a actividades afines. De aprobarse esta iniciativa, quedaría prohibida la circulación de autobuses intermunicipales desocupados, con pasajeros, o recoger pasajeros en el área metropolitana.


Para ello, las autoridades del sector transporte establecerían rutas de circulación para los autobuses que por sus destinos, estén obligados a trasladarse de Este a Oeste, al Suroeste y viceversa, observando la prohibición de dejar o recoger pasajeros en el área metropolitana del Distrito Nacional, y debidamente identificados por el permiso de circulación. l


Nueva ley representa grandes avances


Dentro de los aspectos más novedosos y positivos de la ley, figura la introducción de la asignatura de Educación Vial en las escuelas públicas y colegios, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. También sería conformado un Observatorio Permanente de la Seguridad Vial, encargado de trazar las políticas públicas para reducir accidentes. La nueva ley apuesta a la tecnología para la imposición y cobro de multas y el seguimiento a las flotas del transporte.