PARTICIPACION CIUDADANAHaciendo referencia a los documentos expuestos por los dirigentes perredeístas, PC explica que los técnicos de Banreservas clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba de un caso de “difícil cobro”, e implicaba que la entidad bancaria debía “provisionar” el 60% de su valor.


“De esta manera, además del desembolso por 15 millones de dólares que realizó, el Banco debía provisionar otros US$9 millones adicionales, que debía deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia. En consecuencia, se trata de un préstamo que no generaba beneficios para el Banco y que en condiciones normales ningún banco hubiese aprobado”, sostiene tal como lo establecieron los denunciantes.


El movimiento cívico piensa que igualmente se violentó una serie de normas prudenciales, desde aceptar garantías inmobiliarias que no reunían las condiciones (y por tal razón la Comisión de Valuación del Banco dejó sin efecto sus tasaciones), hasta otorgar un préstamo en dólares a una entidad que no generaba divisas.


“El contrato revela igualmente un trato privilegiado pues se otorgó un plazo de gracia de dos años para el pago del capital a una empresa y su propietario que no eran clientes regulares del Banco”, destaca.


Participación Ciudadana considera que tanto los miembros del Consejo de Directores de Banreservas que aprobaron la operación, incluyendo al exadministrador general, Vicente Bengoa, como el exsuperintendente de Bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, cometieron faltas “inexcusables” a sus responsabilidades, “mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral”.


Sugiere que el actual superintendente de Bancos, Rafael Camilo, disponga la realización de una inspección a esta operación y rendir un informe completo al país tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el “proceso sancionador administrativo” que corresponda.


La entidad cívica considera que el tema trasciende el caso de Vargas Maldonado, “pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió recientemente cuando en la campaña electoral pasada dicho banco otorgó préstamos para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente con una ley para regularizar esta situación”. “Es hora ya de que cese el uso político del Banco de Reservas”, proclama finalmente Participación Ciudadana.


Haciendo referencia a los documentos expuestos por los dirigentes perredeístas, PC explica que los técnicos de Banreservas clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba de un caso de “difícil cobro”, e implicaba que la entidad bancaria debía “provisionar” el 60% de su valor.


“De esta manera, además del desembolso por 15 millones de dólares que realizó, el Banco debía provisionar otros US$9 millones adicionales, que debía deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia. En consecuencia, se trata de un préstamo que no generaba beneficios para el Banco y que en condiciones normales ningún banco hubiese aprobado”, sostiene tal como lo establecieron los denunciantes.


El movimiento cívico piensa que igualmente se violentó una serie de normas prudenciales, desde aceptar garantías inmobiliarias que no reunían las condiciones (y por tal razón la Comisión de Valuación del Banco dejó sin efecto sus tasaciones), hasta otorgar un préstamo en dólares a una entidad que no generaba divisas. “El contrato revela igualmente un trato privilegiado pues se otorgó un plazo de gracia de dos años para el pago del capital a una empresa y su propietario que no eran clientes regulares del Banco”, destaca.


Participación Ciudadana considera que tanto los miembros del Consejo de Directores de Banreservas que aprobaron la operación, incluyendo al exadministrador general, Vicente Bengoa, como el exsuperintendente de Bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, cometieron faltas “inexcusables” a sus responsabilidades, “mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral”.


Sugiere que el actual superintendente de Bancos, Rafael Camilo, disponga la realización de una inspección a esta operación y rendir un informe completo al país tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el “proceso sancionador administrativo” que corresponda.


La entidad cívica considera que el tema trasciende el caso de Vargas Maldonado, “pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió recientemente cuando en la campaña electoral pasada dicho banco otorgó préstamos para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente con una ley para regularizar esta situación”. “Es hora ya de que cese el uso político del Banco de Reservas”, proclama finalmente Participación Ciudadana.


Haciendo referencia a los documentos expuestos por los dirigentes perredeístas, PC explica que los técnicos de Banreservas clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba de un caso de “difícil cobro”, e implicaba que la entidad bancaria debía “provisionar” el 60% de su valor.


“De esta manera, además del desembolso por 15 millones de dólares que realizó, el Banco debía provisionar otros US$9 millones adicionales, que debía deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia. En consecuencia, se trata de un préstamo que no generaba beneficios para el Banco y que en condiciones normales ningún banco hubiese aprobado”, sostiene tal como lo establecieron los denunciantes.


El movimiento cívico piensa que igualmente se violentó una serie de normas prudenciales, desde aceptar garantías inmobiliarias que no reunían las condiciones (y por tal razón la Comisión de Valuación del Banco dejó sin efecto sus tasaciones), hasta otorgar un préstamo en dólares a una entidad que no generaba divisas. “El contrato revela igualmente un trato privilegiado pues se otorgó un plazo de gracia de dos años para el pago del capital a una empresa y su propietario que no eran clientes regulares del Banco”, destaca.


Participación Ciudadana considera que tanto los miembros del Consejo de Directores de Banreservas que aprobaron la operación, incluyendo al exadministrador general, Vicente Bengoa, como el exsuperintendente de Bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, cometieron faltas “inexcusables” a sus responsabilidades, “mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral”.


Sugiere que el actual superintendente de Bancos, Rafael Camilo, disponga la realización de una inspección a esta operación y rendir un informe completo al país tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el “proceso sancionador administrativo” que corresponda.


La entidad cívica considera que el tema trasciende el caso de Vargas Maldonado, “pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió recientemente cuando en la campaña electoral pasada dicho banco otorgó préstamos para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente con una ley para regularizar esta situación”. “Es hora ya de que cese el uso político del Banco de Reservas”, proclama finalmente Participación Ciudadana.