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Tres generales de la Policía fueron “sancionados” por la desaparición de dos cajas fuertes con prendas preciosas y 60 millones de pesos durante el  allanamiento realizado a la casa de unos extranjeros en Sosúa, Puerto Plata.El dato fue confirmado por el jefe de la Policía.Manuel Castro Castillo confirmó la información al ser entrevistado en el programa Zol de la Mañana, de la emisora Zol 106.5.


El allanamiento fue realizado  en el Proyecto Habitacional La Mulata III, de Sosúa, el 17 de octubre del año 2012.


En la ocasión se dijo que los extranjeros tenían una red de tráfico de órganos, lo que nunca pudo confirmado.Los generales investigados por el caso fueron  Ney Aldrín Bautista Almonte, Pablo R. Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes eran directores de Inteligencia Delictiva, Regional Norte e Investigaciones Criminales, señala, en tanto,  el portal diariometropolitano.net.


La investigación del caso, que incluyó la investigación de 25 miembros de la uniformada, fue realizada por el actual jefe de la Policía, quien para ese tiempo no estaba en el cargo.


De acuerdo al portal, que cita una fuente de entero crédito,  el general Báez Aybar fue sancionado con 10 días de arresto, sin perjuicio del servicio, por negligencia, falta de tacto y de control en el desempeño de sus funciones como director Central de Investigaciones Criminales, organismo que, a través de su subdirección en Puerto Plata, realizó el allanamiento, donde “desaparecieron” las cajas fuertes.


El día uno de julio fue quitado del cargo y nombrado jefe de la Región Sur con asiento en Barahona.Igual sanción recibió el general Almonte Morales por actuar con falta de tacto, mando y control en sus funciones.


En cuanto al general Bautista Almonte, la información del diario señala que éste recibió una sanción disciplinaria consistente en una amonestación por escrito, según el informe, por no haber tomado los correctivos de lugar, tan pronto tuvo conocimiento del hecho.



La semana pasada, el Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la cancelación y retiro forzoso de 14 miembros de la uniformada, entre ellos dos coroneles, luego de una investigación realizada en torno a la desaparición de varios millones de pesos durante un allanamiento realizado en Sosúa, Puerto Plata.
Junto a los coroneles, también se recomendó el retiro forzoso también de tres primeros tenientes y un segundo teniente. En tanto pidió la cancelación de un capitán, un primer teniente, un sargento mayor, tres sargentos  y dos rasos.