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El Ministerio Público investigará hasta las últimas consecuencias las circunstancias en las que han resultado embarazadas 1,811 adolescentes  en período abril-junio de este año según un informe del hospital Juan Pablo Pina remitido a la Fiscalía de San Cristóbal a petición de su titular Diomerys Soto Valdez.


“Una niña que llegue embarazada a un Centro de Salud es porque fue  violada o abusada, porque una menor no puede tener relaciones con un adulto y si la hubo es responsabilidad del Ministerio Público perseguir al infractor de ese sector vulnerable de la sociedad  que son las menores y las adolescentes”.


La procuradora fiscal de San Cristóbal dijo que casi siempre cuando  una niña  menor de 18 años sale embarazada hay por el medio  una violación o abuso.


Soto Valdez explicó que actúa amparada en la Constitución de la República, la ley 136,  el Código Penal, el Código del Menor, la ley 24-97 y otras disposiciones legales que exigen la protección de ese sector precioso de la sociedad que lo constituye la niñez.


“De ahora en adelante cada vez que a un centro hospitalario se presente una niña con síntomas de embarazo necesitamos que nos lo informen para nosotros (la fiscalía) darle seguimiento al caso hasta las últimas consecuencias”.