pymeAunque se reconoce lo beneficioso de las medidas que adoptó el presidente Danilo Medina a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), especialistas en derecho tributario y administrativo advierten que las mismas podrían ser violatorias de las leyes y, en algunos casos, generarían una competencia desleal.


Mediante el decreto 164-13, el mandatario ordenó a todas las instituciones públicas que se acogen a la Ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas, a que las compras que realicen a las Mipymes sean exclusivamente a bienes y servicio de origen nacional. También privilegiar en estas compras, a las empresas o personas físicas domiciliadas en la región, provincia o municipio donde se realiza la contratación.


Para el especialista en derecho tributario Edgar Barnichta, el que el Gobierno pretenda comprar a un tipo de empresa y a la otra no, constituiría una deslealtad y violaría la libre competencia, a menos que se establezca claramente que el privilegio se hará en empresas que presenten propuestas en igualdad de condiciones, tanto de precio, calidad como en tiempo de entrega.


En relación con el anuncio hecho por el Gobierno de no cobrar el pago anticipado del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) o los selectivos a las Pymes en función de lo devengado, sino de lo percibido, Barnichta entiende que la medida debe hacerse a través del Congreso, ya que el Presidente no tiene facultad para cambiar el método de recaudación. Considera que esa medida, igual que la que desmonta, hasta noviembre, el pago de impuesto en la compra de viviendas de bajo costo, son realistas y beneficiosas, pero que ambas tienen un componente de ilegalidad. “Son dos precedentes que lucen muy bonitos, pero que legal y constitucionalmente son violatorios”, sostiene.


“No se puede privilegiar a una empresa frente a otra… No es justo que a una empresa, porque es Pyme, se le dé un tratamiento especial que no se le da a otra que también le vende al Gobierno”, plantea, tras calificar la medida de discriminatoria. El abogado se cuestiona, además, cómo se manejará el impuesto que pagan las empresas a sus suplidores al momento de adquirir el bien que luego transfieren al Estado.


Mientras, el también especialista en derecho tributario y administrativo, Juan Cruz, defendió la potestad que tiene el Presidente de la República de acudir en favor de un sector económico, siempre que respete la libre competencia. Considera que con lo del anticipo lo que se hace es un cambio en la forma de cobro, y no una modificación del impuesto, por lo que no requiere ir al Congreso.