delitos de prensaLa declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 46, de la ley 6132, pronunciada por la Suprema Corte de Justicia, debe extenderse a los siguientes 47 y 48, que configuran el marco de responsabilidad en cascada por los delitos de difamación e injuria que, por más de medio siglo, ha perjudicado a los directores de medios de comunicación del país.


La Suprema al menos dio el paso decisivo. Ahora toca al Tribunal Constitucional completar el cuadro de disposiciones destinadas a despenalizar los llamados delitos de prensa que, de entrada, constituyen elementos inhibidores de la auténtica libertad de expresión de todos los ciudadanos, pero en especial de los periodistas.


Si uno de los pilares de la libertad de expresión es la existencia de un estado en el que no predomine la censura previa, es obvio que ese ideal sigue virtualmente conculcado en la medida en que persisten esos artículos de la ley 6132 que no fueron abarcados en la sentencia de la Suprema Corte, pero que sí pueden ser definitivamente echados al zafacón, si el Tribunal Constitucional endosa el precedente.


Es necesario, pues, en este contexto despenalizador que se ha abierto con esta sentencia histórica, que también se declaren inconstitucionales las penas privativas de la libertad contra los que incurren en los llamados delitos de palabra y todos aquellos artículos, tanto de la ley 6132 como del Código Penal, que francamente actúan como una mordaza o un factor de amedrentamiento, en otras palabras, una espada de Damocles contra los medios de comunicación y la libertad de expresión de los ciudadanos.