Varias instituciones gubernamentales han presentado un plan de acción conjunto para prevenir intoxicaciones en entornos escolares causadas por el uso indebido de pesticidas. La iniciativa, que involucra a los Ministerios de Educación, Salud Pública, Medio Ambiente, Agricultura, Interior y Policía, junto con la Procuraduría General y el Instituto Dominicano de Aviación Civil, busca reforzar la vigilancia y regulación del uso de plaguicidas cerca de las escuelas.

El Ministerio de Educación implementará programas de sensibilización en comunidades escolares, incorporando a asociaciones de padres y docentes en la vigilancia de fumigaciones irregulares. Además, se asignará personal para coordinar la misión operativa en zonas prioritarias.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública fortalecerá la capacitación obligatoria para aplicadores de plaguicidas, establecerá vigilancia epidemiológica continua y garantizará la aplicación de protocolos de atención a afectados.

El Ministerio de Medio Ambiente monitoreará el impacto ambiental de las fumigaciones en áreas escolares, implementará controles sobre el uso de plaguicidas de alta toxicidad y sancionará a empresas que realicen fumigaciones sin autorización.

El Ministerio de Agricultura creará un registro de aplicadores de pesticidas y reforzará la trazabilidad en la comercialización de estos productos. También establecerá un perímetro de seguridad alrededor de las escuelas, prohibiendo fumigaciones en horarios escolares.

El Ministerio de Interior y Policía coordinará con las autoridades locales el monitoreo y control de fumigaciones ilegales, mientras que la Procuraduría General investigará y procesará penalmente a los responsables de exposiciones peligrosas.

Asimismo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil garantizará que los pilotos cumplan con las regulaciones sobre fumigaciones aéreas y podrá suspender licencias de operación en caso de incumplimientos.

Entre las acciones inmediatas del plan se incluyen operativos de inspección en zonas de riesgo, capacitación en comunidades afectadas, levantamiento de datos sobre fumigaciones cercanas a escuelas y la creación de un comité de supervisión.