Lima, 3 de julio de 2025 — La Fiscalía de Perú solicitó 35 años de prisión contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, por presuntos delitos de lavado de activos agravado como parte de una organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración. La acusación forma parte del conocido “caso Cócteles”, vinculado a supuestos aportes ilegales durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Según la investigación del Equipo Especial Lava Jato, Fujimori habría recibido millones de dólares en donaciones no declaradas, incluyendo fondos de la constructora brasileña Odebrecht y de la corporación peruana Credicorp, los cuales habrían sido canalizados a través de eventos de recaudación encubiertos como cócteles y rifas. La fiscalía sostiene que estos recursos no fueron reportados a las autoridades electorales.

La acusación también alcanza a su exesposo, Mark Vito Villanella, y a otros altos dirigentes del partido, como Pier Figari y José Chlimper, así como a la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces, por presuntamente haber colaborado en la estructura de blanqueo de capitales. En total, más de 30 personas y entidades están implicadas en este proceso judicial.

Este nuevo requerimiento fiscal surge tras la anulación del juicio anterior en abril de este año, cuando el Poder Judicial ordenó reiniciar el proceso por vicios procesales en la presentación de pruebas. En ese entonces, la fiscalía había solicitado 30 años de prisión, pero ahora ha endurecido su posición al presentar cargos adicionales y elevar la pena a 35 años.

La defensa de Fujimori ha calificado la acusación como una “persecución política” que busca inhabilitarla de manera definitiva de la vida pública. Aseguran que no existen pruebas concluyentes de que los fondos recibidos fueran ilegales ni de que ella tuviera conocimiento de su origen. Keiko, por su parte, ha reiterado su inocencia y reafirmado que se someterá al proceso judicial.

El caso pasará ahora a una etapa de control de acusación en el Poder Judicial, donde se decidirá si el expediente está apto para pasar a juicio oral. Si se admite, Keiko Fujimori enfrentará el proceso más grave en su historial político y judicial, lo que podría determinar su futuro político en los próximos años.