La historia del llamado “pobre niño rico”, revelada en 2013, vuelve a indignar a la opinión pública por las condiciones precarias en que vive un menor heredero de una fortuna millonaria. El niño, hijo del francés Pierre Guigaud y la dominicana Wendy Figueroa —ambos fallecidos en 2012— posee más de 29 millones de euros en bienes entre Francia y San Martín, además de 7 millones de dólares y múltiples activos en República Dominicana. Sin embargo, pese a ese patrimonio, el menor enfrenta una vida sin electricidad, con dificultades para asistir a la escuela y sin acceso a tratamientos médicos especializados que solo recibe en Francia, debido al prolongado conflicto judicial por su tutela y la administración de sus bienes.
Por casi una década, el caso ha estado atrapado en disputas legales entre abogados, deudores y funcionarios encargados, impidiendo la homologación de un consejo de familia que determine la tutela definitiva. Aunque la Suprema Corte declaró inadmisible un recurso en 2017, permitiendo que el proceso avanzara al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Romana, persisten denuncias contra la procuradora de menores Marisol Tobal, acusada de obstaculizar la entrega de documentos esenciales al secuestrario judicial designado, Francisco Ortiz. Según la familia, esta negativa ha impedido recuperar más de 249 millones de pesos en préstamos otorgados por el padre del menor antes de morir.
Mientras deudores invierten en proyectos inmobiliarios y multiplican capitales con recursos que pertenecen al niño, este continúa viviendo en condiciones indignas dentro de una villa de lujo en Casa de Campo. Desde 2015 no tiene energía eléctrica ni puede pagar su escuela, y lleva tres años sin acudir a Francia para tratar un problema congénito en la vena aorta que requiere seguimiento especializado. La abuela materna, propuesta como tutora, denuncia sentir impotencia ante la imposibilidad de cubrir gastos básicos con apenas 45 mil pesos mensuales aportados por uno de los deudores. La familia exige que las autoridades pongan fin al estancamiento jurídico y garanticen la protección real del menor y de su patrimonio.
