La conmoción nacional por el asesinato de Emely Peguero coincidió con el hallazgo de otros crímenes que marcaron una semana especialmente dolorosa. Los casos de Rosalinda y Dioscaris revelaron patrones de violencia extrema y fallas de protección: en uno, el responsable fue un padrastro; en otro, un agresor con denuncias previas nunca detenidas. En el expediente de Emely, las autoridades ampliaron las investigaciones y arrestaron a una tercera persona, Bolívar Ureña, señalado por la Procuraduría General de la República como implicado en el traslado del cuerpo. Aún se debate cuántos participaron y el grado de premeditación, mientras el proceso judicial avanza.
En medio del dolor, emergió una comparación que encendió el debate público: el contraste entre la conducta de la madre del victimario y la de doña Dalgisa Polanco, madre de Emely. La primera fue señalada por proteger y mentir; la segunda, por su dignidad, claridad y firmeza al exigir justicia sin renunciar al perdón. Su testimonio aportó detalles clave, desde hábitos de su hija hasta inconsistencias en mensajes, y se convirtió en un símbolo de fortaleza cívica. El señalamiento recurrente en redes contra las madres fue cuestionado por revictimizar y desviar responsabilidades del agresor.
La polémica escaló tras un editorial del Listín Diario que, aunque inició denunciando abusos intrafamiliares, derivó en afirmaciones que atribuyen riesgos a que las madres trabajen o a supuestas “reglas” de contacto afectivo. Especialistas y comunicadores rechazaron esa tesis por culpar a las mujeres y normalizar estigmas. La violencia sexual no se explica por empleo materno ni por muestras de afecto, sino por conductas criminales. El debate reabrió una exigencia central: prevención, denuncia efectiva, protección institucional y un discurso público responsable que no desplace la culpa ni erosione derechos conquistados.
