Ante los crecientes cuestionamientos por la implicación de legisladores, regidores y otros funcionarios en casos de narcotráfico, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que en la lucha contra este flagelo no habrá impunidad, sin importar la bandera política o posición social de los involucrados.
Peña reconoció que la presencia del narcotráfico en la política representa “un cáncer” para el país, y afirmó que toda persona que sea identificada como narcotraficante deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes. “No importa si están dentro de las filas de cualquier partido político, lo importante es que no hay impunidad”, expresó la vicemandataria.
En ese contexto, el jurista Serbio Tulio Castaños consideró que esta situación exige una mayor efectividad de las autoridades dominicanas, señalando que muchos de los casos actuales han sido impulsados por investigaciones de Estados Unidos y no por el propio sistema local. A su juicio, esto debe ser una alerta para fortalecer los mecanismos de persecución interna y mejorar la eficiencia de la justicia dominicana.
Por su parte, Lady Blanco, de Participación Ciudadana, advirtió que la infiltración del narcotráfico en la política se ve favorecida por la debilidad del marco legal y el elevado costo de los procesos electorales, lo que dificulta que personas honestas puedan competir en igualdad de condiciones. Tanto el gobierno como la sociedad civil coincidieron en que los partidos políticos deben fortalecer sus filtros internos para impedir el acceso de personas vinculadas a actividades ilícitas al sistema político nacional.
Además, diversos sectores de la sociedad han respaldado las declaraciones de la vicepresidenta, considerándolas un paso importante para recuperar la confianza pública en las instituciones. Analistas políticos entienden que este pronunciamiento envía un mensaje directo a los partidos y a los funcionarios electos sobre la necesidad de asumir una conducta ética y transparente, especialmente en un contexto donde crece la preocupación ciudadana por la penetración del crimen organizado en la política.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios insistieron en que estas palabras deben traducirse en acciones concretas, como el fortalecimiento de los organismos de control, mayores niveles de fiscalización al financiamiento de campañas y la aplicación estricta de la ley contra el lavado de activos. Afirmaron que solo con decisiones firmes y sin excepciones será posible frenar de manera efectiva la influencia del narcotráfico en el sistema democrático dominicano.
