El juez de la Instrucción Especial declaró válida la solicitud de medidas de coerción presentada por el procurador general Jean Alain Rodríguez contra catorce imputados del caso Odebrecht. La decisión abarca a exministros, legisladores, empresarios y exfuncionarios investigados por presuntas violaciones a la Constitución, al Código Penal y a leyes sobre soborno, lavado de activos y declaración jurada de patrimonio. El tribunal consideró que la solicitud cumplía con todos los requisitos formales establecidos por la normativa procesal vigente.
En cuanto al fondo, el juez impuso prisión preventiva como medida principal para varios de los imputados. Ángel Rondón deberá cumplir un año en la cárcel de La Victoria; Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, nueve meses en Najayo; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Rudy González recibirán seis meses en ese mismo recinto. Tres meses de prisión preventiva fueron impuestos a César Sánchez y Máximo de Olio, también a ser cumplidos en Najayo.
El tribunal dispuso además arresto domiciliario por nueve meses para Radamés Segura y Roberto Rodríguez. Otros imputados, entre ellos legisladores, quedaron sujetos a medidas menos gravosas debido a sus inmunidades constitucionales. Con esta resolución, el juez Ortega declaró complejo el proceso y abrió oficialmente una etapa judicial que definirá el alcance y las responsabilidades dentro del mayor expediente de corrupción transnacional registrado en el país.
