Colombia.– Miguel Uribe Londoño confirmó que interpondrá una demanda contra el Estado colombiano tras el asesinato de su hijo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.
El anuncio fue realizado durante una entrevista concedida a la revista Semana, donde aseguró que la decisión ya está tomada y responde a lo que considera una omisión grave en la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de su hijo. “Sí, claro, la tengo ya tomada. Sí, lo voy a hacer. Por la reparación que deben hacer, para que esto sirva de ejemplo”, expresó.
Uribe Londoño sostuvo que la acción legal busca no solo una reparación, sino también evidenciar las debilidades del sistema de protección a figuras públicas en el país. En ese sentido, insistió en que el magnicidio pudo haberse evitado con medidas preventivas más efectivas.
“Lo desprotegió totalmente. Entonces, aquí hay que ir dando ejemplo, hay que ir tomando acciones que demuestren que esto no puede ser así y que los colombianos entiendan que esto tiene que cambiar”, afirmó, al tiempo que reiteró su llamado a reformar los mecanismos de seguridad estatal.
El caso ha reavivado el debate en Colombia sobre la protección de líderes políticos y las responsabilidades del Estado frente a hechos de violencia que impactan la democracia.
Detalles del hecho
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrió en el año 2025 en Bogotá, en medio de un acto público relacionado con su agenda política. De acuerdo con los reportes, el dirigente fue atacado por hombres armados mientras se desplazaba en un vehículo, en un hecho que generó pánico entre los presentes y evidenció fallas en el esquema de seguridad asignado.
Según las investigaciones preliminares, los atacantes interceptaron su ruta y abrieron fuego de manera directa, provocándole heridas mortales. A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro de salud, el senador no logró sobrevivir. El crimen fue calificado como un magnicidio y desató una fuerte conmoción nacional, reabriendo el debate sobre la seguridad de figuras políticas en Colombia.
