Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezado por la republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas), presentó un nuevo proyecto de ley reforma migratoria que podría cambiar la vida de millones de inmigrantes indocumentados. La propuesta permitiría a quienes han vivido en el país desde antes de 2021 solicitar hasta siete años de estatus legal, con autorización para trabajar, siempre que cumplan ciertos requisitos, incluyendo el pago de una multa.
Según explicaron las legisladoras, el plan busca brindar una vía temporal de legalidad a personas que han contribuido durante años a la economía estadounidense, trabajando en sectores como la construcción, la agricultura, la hotelería y la industria alimentaria, sin antecedentes criminales. “Serán indocumentados, pero no son delincuentes”, recalcó Salazar.
Sin embargo, el proyecto de ley no contempla un camino hacia la ciudadanía y también plantea reforzar las medidas de seguridad en la frontera, en un intento de equilibrar la compasión con el control migratorio. La iniciativa representa una rara muestra de cooperación entre partidos en un tema históricamente polarizante en el Congreso de EE.UU.
La propuesta busca llenar un vacío legal para millones de personas que viven y trabajan en EE.UU. sin papeles, pero que han demostrado ser miembros productivos de sus comunidades. Las congresistas impulsoras destacaron que se trata de una solución “realista y humana” ante la inacción del Congreso en materia migratoria durante décadas. Además, subrayaron que la iniciativa no premia la ilegalidad, ya que impone requisitos estrictos como el historial limpio, el pago de impuestos y una multa.
Organizaciones proinmigrantes han recibido la propuesta con esperanza, aunque también con cautela. Algunos líderes comunitarios celebran que finalmente se hable de una regularización amplia, pero advierten que sin acceso a la ciudadanía, millones seguirán en una especie de “limbo legal”. Otros consideran que el refuerzo de medidas en la frontera podría afectar a quienes huyen de la violencia o la pobreza en sus países de origen.
