La semana judicial en torno a las medidas de coerción contra los imputados del caso Odebrecht estuvo marcada por largas jornadas, tensiones procesales y escenas caóticas dentro y fuera de la Suprema Corte de Justicia. Desde el domingo previo, el entorno del Palacio de Justicia se transformó en un punto de vigilancia permanente, con agentes policiales, protestas y visitas constantes de abogados y familiares. El espacio reducido de la Sala Augusta dificultó el trabajo de la prensa, obligada a documentar en condiciones precarias cada movimiento del proceso.
El martes 6 de junio inició formalmente la audiencia de coerción, con un despliegue de seguridad reforzado. Los imputados llegaron desde Ciudad Nueva y ocuparon sus asientos bajo un estricto cordón policial. El juez Francisco Ortega Polanco abrió la sesión entre retrasos y advertencias, mientras fiscales detallaban las imputaciones contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Temístocles Montás y otros acusados. Entre recesos, interrogatorios, defensas y lecturas interminables, la jornada se extendió hasta la madrugada, cuando los imputados fueron sacados por el sótano a toda velocidad rumbo al Palacio de Justicia.
El miércoles por la tarde se conoció la decisión final: prisión preventiva para varios acusados, arresto domiciliario para dos y fianzas con impedimento de salida para legisladores involucrados. La sala quedó en silencio tras la lectura, mientras los imputados abandonaban el recinto entre rostros tensos. El traslado definitivo se produjo el viernes, acompañado de unidades SWAT, vehículos oficiales y esperas prolongadas. La fotocrónica dejó expuesto un proceso saturado de presión política, logística improvisada y un país atento a cada instante del juicio.
