El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que cerca de 1.6 millones de personas indocumentadas se han autodeportado voluntariamente en lo que va del 2025. A esta cifra se suman alrededor de medio millón de deportaciones ejecutadas directamente por las autoridades migratorias.

El gobierno ha incentivado las autodeportaciones con programas que ofrecen pagos de hasta 1,000 dólares y boletos de avión a quienes deciden salir voluntariamente del país. Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad total entregada a los participantes de este programa.

Las cifras muestran que la mayoría de las salidas no fueron forzadas, reflejando una estrategia del gobierno para impulsar la migración voluntaria y reducir la presión sobre los centros de detención y recursos migratorios.

Además, a partir del 26 de diciembre, el DHS implementará nuevas medidas para registrar a todos los extranjeros que entren o salgan del país por tierra, aire o mar. Esto incluirá la toma de fotografías y datos biométricos de no ciudadanos, abarcando desde titulares de visas y trabajadores temporales hasta menores de edad y adultos mayores.

Expertos en migración señalan que el aumento de las autodeportaciones refleja tanto la efectividad de los incentivos del gobierno como el temor de las comunidades indocumentadas a enfrentar procesos legales más estrictos. Además, advierten que estas cifras podrían impactar en la fuerza laboral en sectores donde los inmigrantes representan una proporción significativa.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la política, señalando que aunque voluntaria, la presión económica y social puede influir en la decisión de muchos, y que los pagos ofrecidos no siempre cubren los costos reales de la reubicación fuera del país.

El DHS asegura que estas medidas forman parte de un plan más amplio para modernizar el control migratorio, mejorar la seguridad fronteriza y garantizar un registro más preciso de las personas que entran y salen de Estados Unidos, buscando equilibrar el cumplimiento de la ley con el respeto a los derechos de los migrantes.