SANTO DOMINGO.– La aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) representa un hito institucional para la República Dominicana, que después de más de veinte años vuelve a actualizar uno de los pilares esenciales de su sistema de justicia. Desde el Defensor del Pueblo se recuerda que, conforme al artículo 190 de la Constitución, esta institución no interviene en disputas sectoriales, sino que vela porque toda reforma preserve las garantías que protegen la dignidad humana y el debido proceso.
La nueva normativa incorpora avances largamente reclamados por actores del sistema. Entre ellos, la ampliación del plazo para el escrito de defensa, la incorporación del acuerdo procesal en cualquier etapa del proceso, el fortalecimiento de la revisión judicial obligatoria y la ampliación de los derechos de las víctimas, un tema pendiente desde 2004. También se otorgan nuevas herramientas al Poder Judicial para agilizar procesos y disminuir la congestión. Estos cambios responden a necesidades acumuladas y no alteran la estructura del modelo procesal instaurado hace 20 años.
Lejos de significar una ruptura, la reforma continúa la evolución iniciada en 2004 y ajustada nuevamente en 2015. La secuencia 2004–2015–2025 permite comprender que el país avanza por etapas, actualizando su sistema en función de desafíos emergentes y manteniendo la coherencia del modelo acusatorio. La actualización se concentra en resolver nudos críticos y fortalecer áreas que requieren mayor eficiencia.
El contexto que motiva esta reforma es radicalmente distinto al de 2004. Hoy el país enfrenta fenómenos criminales complejos como el narcotráfico digitalizado, los ciberdelitos, la corrupción transnacional, los ataques a infraestructuras críticas y las estafas mediante inteligencia artificial. Organismos internacionales como la UNODC estiman que más del 70 % de los ciberdelitos no llegan a los tribunales, mientras que entidades como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial sitúan la corrupción global y los ciberataques entre las principales amenazas del siglo XXI. A nivel local, el Ministerio Público registra un incremento sostenido en fraudes electrónicos, extorsiones digitales y delitos financieros de alta complejidad.
La tendencia internacional apunta en la misma dirección: países como Estonia, Israel, Reino Unido, Italia y Brasil han robustecido su marco procesal mediante unidades especializadas, mayor cooperación internacional y controles judiciales más estrictos. Modernizarse, sin sacrificar garantías, es el reto de toda democracia que aspira a un sistema penal equilibrado y eficiente.
No obstante, la reforma legislativa es apenas el primer tramo del camino. La Constitución establece la ruta interpretativa: el artículo 40 fija límites al poder penal; el artículo 69 consagra el debido proceso; el artículo 74 exige interpretar toda norma a favor de la persona; y el artículo 139 define los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio del poder. Este marco es la brújula ética para implementar el nuevo CPP.
A ello se suma la importancia del debido proceso legislativo y administrativo. El artículo 93 y los reglamentos internos del Congreso señalan la necesidad de deliberación razonada, audiencias públicas y consultas técnicas. Como advierte Cass Sunstein, “el diseño institucional importa tanto como las reglas”. La legitimidad se construye con procedimientos claros y transparentes.
La experiencia comparada —reconocida por el artículo 26 de la Carta Magna— muestra que los Estados exitosos en modernizar su justicia penal son aquellos que armonizan eficiencia y garantías. Como plantea Amartya Sen, la justicia debe traducirse en la capacidad real de cada persona para vivir con dignidad. Esa visión debe acompañar cada paso de esta implementación.
Concluida la fase legislativa, inicia ahora el desafío más complejo: hacer que la reforma funcione. Corresponderá demostrar que es posible reducir tiempos, fortalecer investigaciones y modernizar herramientas sin erosionar derechos. Desde la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa afirmó que acompañará este proceso con vigilancia, prudencia y responsabilidad, siempre poniendo en el centro al ciudadano común protegido por su Constitución.
