Dijo que está impulsando proyectos que construirá en su administración como parte de un amplio programa de avance que ayudará al desarrollo y al progreso de la “Ciudad Corazón”.

Indicó que promueve en el exterior inversiones en el Parque Industrial de Santiago, programas de tecnología de punta como ensamblajes, fábricas para piezas y armaduras de vehículos, industria inmobiliaria y otras que necesitan inversiones.

“Queremos convertir a Santiago en un polo en el que los capitalistas o inversionistas criollos y extranjeros vean que se están creando las condiciones necesarias, cumpliendo con el mandato de la ley y que serán incentivadas por el gobierno local para que sean exitosas”, agregó.

Serulle expresó que esos capitales contribuirán con la generación de riquezas, creación de empleos, reducción de la pobreza, inseguridad ciudadana y la delincuencia.

“Todos los proyectos que procuren el desarrollo que la ciudad necesita serán apoyados, porque hemos prometido que haremos un gobierno que estará regido por la transparencia, la moral y la ética y lo que queremos es que los inversionistas vayan”, añadió el alcalde electo de Santiago.

En Arizona, los latinos participan en el 16% de las transacciones comerciales, lo que significa ventas por 31 mil millones de dólares, según la Cámara de Comercio Hispana. El 88% de los hispanoparlantes que residen en el estado son mexicanos.

En Arizona, la comunidad mexicana representa ventas por 3.600 millones de dólares y 30.355 empleos.

En una entrevista con Infobae América, Manuel Orozco, del centro de estudios Inter-American Dialogue (IAD), afirmó que la población latina aporta 950 mil millones dólares anuales a la economía estadounidense, por medio de lo que gastan, los ingresos que le dejan al fisco y la producción, en algunos rubros insustituibles de su trabajo.

Producen más, ganan menos. La comunidad hispana trabaja alrededor de 8 a 10 horas diarias lo que constituye una gran fuerza laboral para el país. “Ganan un 20% menos, pero trabajan un 30% más”, afirmó Orozco.

Un estadounidense cobra 20 dólares la hora en una jornada laboral de 8 horas, y gana un total de 160 dólares el día, mientras que un hispano trabaja 10 horas y cobra 14 dólares la hora. Por lo tanto, acaban ganando menos o lo mismo, aunque producen más.

La socióloga Isabel Valdés aseguró que muchos de ellos tienen entre dos o tres trabajos informales durante la semana, y algunos lo hacen también los fines de semana, y la paga la reciben al finalizar la jornada laboral.

Valdez aseveró que en el país no “existe un salario mínimo para los latinos indocumentados”, y agregó que, gracias a ellos, “muchas industrias siguen existiendo”, ya que los “estadounidenses no quieren ocupar esos trabajos”.

Ser ilegal no significa no pagar impuestos. A pesar de estar indocumentados, la mayoría de los latinos genera ingresos al fisco estadounidense de forma directa e indirecta. Muchos otros no hacen uso de sus derechos sociales por temor o por desconocimiento.

Manuel Orozco aseguró que el 70% de los inmigrantes ilegales pagan impuestos, mientras que el restante no lo hace por trabajar en economías informales como jornalero o personal doméstico.

Los hispanos derivan el 15% de sus ingresos al pago de impuestos, lo que le provee más de 4 mil millones de dólares anuales al Tesoro de los Estados Unidos.

Los indocumentados cumplen con las cargas impositivas federales a pesar de su situación inmigratoria ilegal. Una vía para hacerlo es el llamado Número de Identificación Tributaria (ITIN, por sus siglas en inglés). Es un documento que otorga la Oficina Recaudadora de Impuestos (IRS, también por sus siglas en inglés). Sirve para recibir un número de identificación con el que se pueden pagar los impuestos.

Esto no significa que haya algún tipo de regularización en su estatus migratorio en el país. Al inscribirse, el inmigrante evita un problema con la justicia penal tributaria de los EEUU. En 2004, más de 2,5 millones de indocumentados utilizaron el ITIN.

El profesor de la Universidad de Columbia, Rodolfo de la Garza, tiene otra mirada sobre el impacto en los Estados Unidos de un eventual éxodo masivo de los latinos. Considera que la ley de Arizona perjudica “a la economía y a los trabajadores”, pero asegura que “el que pierde más es el que invirtió más”.

“Si tienes un restaurante, pero no lo puedes abrir por falta de personal, el mesero pierde su salario, pero el dueño, su inversión”, dice de la Garza, y agrega que “será difícil contratar nuevo personal”.

El animal, nacido de una cebra macho y un burro hembra, tiene rayas negras en lugares muy visibles en piernas y el frente de la cabeza.

CW Wathen, fundador y gerente general de la reserva, dijo que la potrilla parece tener un instinto de cebra.

Precisó que cuando descansa, la cría se sienta en lugar de yacer de lado, como si se mantuviera alerta de los depredadores.

Los burros y cebras no suelen aparearse, pero de vez en cuando lo hacen y crían “zedonks”, una palabra que en ingles trata de juntar las palabras correspondientes a cebra y burro (“zebra” y “donkey”).

Wathen dijo que en unas dos semanas, el “cebrurro” comenzará a explorar la reserva con el resto de los animales.

La televisión pública canadiense, CBC, dijo que los trabajadores de la planta han sido informados por la dirección de la empresa de que los despidos empezarán a producirse el próximo 1 de noviembre.

Ayer, General Motors (GM) cerró la planta de transmisiones que tenía en la misma localidad canadiense, lo que provocó el despido de otros 500 trabajadores.

La planta de transmisiones era la última factoría que GM tenía en Windsor, una localidad fronteriza situada frente a Detroit y que ha producido componentes y vehículos para la empresa estadounidense en los últimos 90 años.

General Motors llegó a ser la mayor fuente de empleo de la ciudad pero la caída de las ventas del fabricante en Estados Unidos durante las últimas décadas han ido eliminando sus factorías en Windsor.

Ford ha anunciado que parte de los trabajadores despedidos serán empleados en una nueva planta de motores también localizada en Windsor. Aún así, los sindicatos calculan que se perderán unos 388 puestos de empleo. EFE

Durante un confuso operativo realizado por el organismo antinarcóticos a las 5:30 de la tarde de ayer, los civiles Bernardo Ramírez y Betzaida Cordero Frómeta resultaron muertos luego que agentes de la DNCD supuestamente dispararan al aire con una escopeta de perdigones para repeler las acciones del nombrado Luis Encarnación Castillo.

Encarnación Castillo fue detenido luego de que, según el portavoz de la DNCD, sacara un cuchillo y amenazara con matar a los policías. Durante el incidente, el detenido hirió con el cuchillo al agente de la DNCD, Jason Domínguez Carrasco y al cabo de la Policía Nacional, Cruz Alberto Mota.

De acuerdo con las versiones del portavoz de la DNCD, Ramón Alcides Rodríguez Veras, alrededor de las 5:30 de la tarde de ayer un vehículo del organismo antinarcóticos se presentó a realizar un operativo.

Explica que cuando llegaron un hombre corrió y abandonó una funda donde tenía alrededor de 20 porciones de cocaína que pesaban más de cinco gramos. Los agentes no alcanzaron a detenerlo.

Por otro lado, se observa una zona de nubosidad y aguaceros al Este de las Antillas Menores bien desorganizada.

Pronósticos locales:

En Santo Domingo y sus municipios habrá nubes dispersas aumentando en ocasiones con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de vientos.

Mientras que en el Distrito Nacional las lluvias aumentarán en ocasiones con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de vientos.

Olga Rodríguez, una maestra de Phoenix que anoche participaba de la vigilia que se ha conducido frente al Capitolio estatal por semanas, lo resumió así: “Esto es un alivio, pero es como ponerle una curita a una operación”.

“Aquí tiene que haber una reforma de inmigración. Ya nos tardamos con la reforma. Ha habido mucho sufrimiento, muchas muertes, mucha separación de familias”, indicó Rodríguez a America’s Voice.

“Lo de la jueza es una gran victoria, pero no es la solución a todo este problema”, agregó.

En una decisión salomónica, la jueza permitió que la ley entrara en vigencia aunque bloqueó la autoridad de la policía para cuestionar la situación migratoria de una persona en el transcurso de alguna averiguación si existe ’sospecha razonable’ de que esa persona sea indocumentada. Bloqueó además la parte que pide que los inmigrantes lleven consigo en todo momento sus documentos; la que prohíbe a los jornaleros solicitar trabajo en lugares públicos; y la que concede a la policía básicamente la autoridad de determinar quién es deportable.

Las secciones quedan suspendidas en tanto se dilucidan las demandas en contra de la ley, en una de las cuales el gobierno federal alega que Arizona ha usurpado su autoridad de fijar y aplicar las leyes migratorias. Cuando menos alienta la opinión de la jueza Susan Bolton al decir que “preservar el statu quo mediante el interdicto preliminar es menos dañino que permitir que se apliquen leyes estatales sobre las cuales probablemente tiene preeminencia la ley federal”.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien ha colocado este asunto al centro de su campaña electoral, ya anunció que apelará el bloqueo de las cláusulas ante el Noveno Circuito de San Francisco.

Así que el asunto continúa.

Con o sin SB1070, Arpaio ha seguido desafiante y continúa con su circo mediático mostrándole a la prensa el espacio preparado en su ciudad de carpas para albergar a los indocumentados que detenga. Pese a las 2,700 demandas en su contra, todavía el Departamento de Justicia no anuncia los resultados de su investigación en torno al alguacil por manejo de perfiles raciales, entre otras cosas.

Con o sin SB1070 muchos inmigrantes permanecerán en Arizona o se trasladarán a otros estados con el mismo problema sin resolver: viviendo ocultos, a merced de otras iniciativas anti inmigrantes, y en muchos casos con familiares residentes legales o ciudadanos pagando las consecuencias del desbarajuste.

Y es que en tanto el Congreso y la administración no agarren el toro por los cuernos y avancen una reforma migratoria que aborde de manera integral todos los componentes del problema migratorio, habrán otros Arizonas y el gobierno federal seguirá viéndose obligado a defender su autoridad ante los tribunales una y otra vez. Algunos esperan, no obstante, que el caso de Arizona siente un precedente para que otros estados entiendan los límites de su autoridad.

Por ahora todo apunta a que esa autoridad federal sobre gobiernos estatales en el ámbito migratorio se le sigue reconociendo en la teoría. A ver si comienza a ejercerla de manera efectiva en la práctica. A ver si además esta situación en Arizona saca a los políticos de los cómodos escondites de donde salen cada dos o cuatro años a hacer campaña y los enfrenta con una realidad que han querido evadir por años: la necesidad de una reforma migratoria amplia para abordar el problema de fondo.

En la vigilia, Jorge González seguía anoche portando su cartel en contra de la SB1070. “Llevamos 102 días esperando y rezando. Queríamos que la jueza quitara toda la ley. No sólo partes. Es una victoria a medias. Nos ayudaría más una reforma, pero no sé si pasará, aunque la esperanza es lo último que se pierde”.

El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, anunció hoy que el próximo lunes  el presidente Leonel Fernández y el equipo económico se reunirán con representantes del sector empresarial para dialogar en torno a la indexación de los combustibles.

Dijo que las autoridades están abiertas al diálogo y que en ese encuentro se conocerán las inquietudes de los empresarios, a quienes el Gobierno les dará explicaciones precisas sobre el alcance de la indexación.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que la decisión anunciada el miércoles por la juez federal Susan Bolton “es un bache en el camino” y prometió apelar.

El vocero de Brewer, Paul Senseman, dijo que Arizona le pediría más tarde el jueves a la corte federal de apelaciones del noveno circuito, en San Francisco, que suspenda las medidas cautelares ordenadas por Bolton y que acelere el examen de la apelación presentada por el estado.

Brewer firmó en abril la ley que reavivó el debate nacional sobre la inmigración meses antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

La juez Bolton estimó que el gobierno del presidente Barack Obama tiene buenas posibilidades de triunfar con su argumento de que la ley de inmigración federal prevalece sobre la ley estatal.

Sin embargo, el promotor clave de la ley de Arizona, el representante republicano Russell Pearce, opinó que la juez se equivocó y pronosticó que el estado ganará el caso al final.

Los opositores de la ley opinaron que el fallo de la juez envió un mensaje claro a otros estados que tenían la esperanza de copiar la legislación de Arizona.

“Seguro que va a obligar a los estados a hacer una pausa para analizar cómo están elaborando su legislación y cómo encaja en un marco constitucional”, dijo Dennis Burke, el fiscal federal para Arizona. “Los proponentes de esta ley dijeron a la corte que no había dudas de que era constitucional, y ahora una juez federal dice, ‘Un momento. Hay problemas graves con este proyecto de ley’”, agregó Burke a The Associated Press.

“Así que la idea de que esto iba a ser un modelo para otros estados está seriamente en duda. El plan es constitucionalmente deficiente”, añadió.

En su fallo cautelar, Bolton retrasó la aplicación de las disposiciones más controvertidas de la ley, incluso una que obligada a la Policía a que solicitara la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad de una persona si tenía razones para sospechar que ingresó sin documentos al país.

Los agentes debían realizar tal control de inmigración luego de detener a una persona mientras hacían cumplir otras leyes u ordenanzas.

La juez Bolton también puso en suspenso partes de la ley que obligaban a los inmigrantes legales a portar sus documentos en todo momento y que prohibía a los trabajadores indocumentados solicitar trabajo en lugares públicos, como en playas de estacionamiento.

La juez también prohibió a los policías estatales que detengan sin orden judicial a sospechosos de ser inmigrantes sin documentos.

“El obligar a los agentes del orden público y las dependencias de Arizona para que determinen el estatus migratorio de toda persona que sea detenida viola los derechos de los inmigrantes con residencia legal, debido a que se restringiría su libertad mientras se verifica su situación en el país”, dijo Bolton, quien fue nombrada por el gobierno del entonces presidente Bill Clinton para trabajar en siete demandas presentadas contra la ley de Arizona.

Otras disposiciones de la ley que eran menos polémicas entraron en vigencia el jueves, entre ellas una que prohibe a las ciudades de Arizona de vulnerar las leyes federales de inmigración.

La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, dijo que el fallo era el “primer paso en la dirección correcta”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Espinosa agregó que el gobierno mexicano dará seguimiento al proceso judicial “hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la ley SB1070″.

La secretaria agradeció a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú que se sumaron a una moción presentada por México en la corte estadounidense.

El fallo se produjo justo cuando la policía realizaba preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras los activistas planeaban grandes manifestaciones en contra.herald

Las pesquisas preliminares dieron cuenta de que había sido uno de los hijos, CJ Ramoy, de 14 años, quien cometió los crímenes, pero posteriormente se determinó que fue la mujer.

Las otras víctimas son Melonie y Britney, de 7 y 10 años respectivamente. La autopsia de la oficina forense reveló que dos de los menores murieron degollados y no por inhalación de humo, como se había dicho originalmente.

La vivienda situada en el 320 de la avenida Nicholas quedó convertida a cenizas. La madre murió asfixiada al igual que el hijo menor de dos años de edad. La policía de Nueva York dijo ayer en un comunicado que todavía no hay un responsable definitivo, aunque la principal sospechosa es la mujer.

Una fuente de la investigación dijo que la madre y su hijo CJ, habían ingerido algún tipo de droga antes de morir. El forense halló rastros de sicotrópicos en los estómagos de ambos, se agregó.

Un papel con la palabra “lo siento” fue hallado entre los escombros de la carbonizada vivienda, pero el texto está fragmentado por lo que los investigadores no han podido descifrar si el motivo de la tragedia causada presuntamente por la madre, tenía un origen específico.

La señora Jones era madre soltera con hijos de varios padres diferentes y asistía a una escuela de belleza mientras trabajaba tiempo parcial como guardia de seguridad en una tienda Macy´s de un centro comercial en Staten Island.

Había sido desalojada de su apartamento cuando vivía en Washington DC desde donde se mudó a Nueva York y en febrero, el propietario de la casa siniestrada la demandó por atrasos en la renta de $ 7 mil dólares. El mayor de sus hijos – CJ – tenía graves problemas sicológicos y de conducta que obligó a la dirección de su escuela a trasladarlo a otro distrito donde cursan estudiantes con discapacidades mentales.sanahoria