(CNN Español) — Huracanes, inundaciones, terremotos, sequías y tornados son algunos de los eventos naturales que de manera desastrosa afectan a América Latina. Sin embargo, otro fenómeno que puede estar dañando a las instituciones políticas latinoamericanas y, por ende, la confianza que la gente tiene en la política, es precisamente el flagelo de la corrupción, ya sea sistémica o endémica/histórica como algunos la justifican, que ataca con gran fuerza la integridad del ejercicio político, la ética y la rendición de cuentas. La realidad es que en los últimos años América Latina se ha visto impactada por un fenómeno que, aunque no es evento natural, ha sacudido toda la región con la fuerza de un terremoto y con la velocidad de un tifón categoría cinco: el escándalo Odebrecht.

Odebrecht es un caso de corrupción sistemática de alcance continental que ha salpicado a diez países de la región, a varios expresidentes y altos funcionarios de estas naciones señalados de haber aceptado sobornos cuantiosos a través de la compañía brasilera. Odebrecht no solo ha generado la privación de libertad de algunos y manchado para siempre la reputación de toda persona involucrada en el caso sino que, igualmente – a modo de efecto colateral-, ha cobrado a la que presuntamente sería su primera víctima mortal: el lamentable fallecimiento recientemente del expresidente del Perú, Alan García.

Entre los países salpicados por este sistema ‘institucionalizado’ en su estructura, Odebrecht contaba con una División de Operaciones Estructuradas dedicada a la compra de voluntades —de sobornos— podemos señalar a Argentina, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros. Nótese que pocos casos han resonado tanto como este en la región y me atrevería a decir que el impacto de Odebrecht en la opinión pública y en el hartazgo ciudadano frente a los políticos ha sido incluso más fuerte que el que ha tenido el destape de una mafia financiera que hoy conocemos como Panama Papers, solo para tener una idea.

En los países afectados, el descubrimiento del caso ha tocado las fibras más sensibles de la ciudadanía acentuando el efecto del descontento social que vienen experimentando los políticos, pues el aparato judicial en estos países ha tenido que actuar ante lo que no se puede ignorar, un caso que desde temprano dejó de ser de carácter nacional para convertirse en un asunto transnacional que genera una comunidad internacional con los ojos puestos en cada país señalado.

La República Dominicana es el país con el tercer soborno más grande. A pesar de que se han hecho sometimientos, la voluntad política por resolver el caso a veces no resulta tan clara y a esto se suma el hecho de que el tema ya no es resonante en los medios de comunicación. Mientras el caso generaba detenciones en la región, fue una querella ciudadana la primera iniciativa en denunciar ante la justicia dominicana el caso de corrupción en febrero de 2017. En esa ocasión, un trabajo de nuestra autoría titulado Odebrecht: Esquema de corrupción sistemática que se propagó en América Latina, resultó integrado en la querella que fue parte de ese primer intento por justicia.

Es el 29 de mayo de 2017, cuando las autoridades dominicanas vienen a someter a 14 personas, siendo este un grupo de políticos y empresarios. A saber: Alfredo Pacheco, Ángel Rondón, Juan Temístocles Montás, Bernardo Castellanos, César Sánchez Torres, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín, Máximo D’Oleo Ramírez, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa.

En cuanto a los políticos, al momento de la detención, en su mayoría eran ex funcionarios públicos, excepto por Temístocles Montás, que era Ministro de Industria y Comercio. Naturalmente, como desde 1996, con excepción del periodo 2000-2004, en RD solo ha gobernado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y muchos pertenecen a esta organización salvo el diputado Alfredo Pacheco, el exdiputado Ruddy González y los exsenadores Andrés Bautista y Roberto Rodríguez que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cuando fueron detenidos, el arresto se realizó de forma mediática para calmar el reclamo público de acción y eventualmente 8 quedaron en prisión preventiva.

¿La cacería de corruptos continuará el curso del Perú? ¿Habrá más sometidos en RD? Lo dudo. Ambos países aplican de forma diferente el criterio de la prisión preventiva y del peligro de fuga. Populismo judicial peruano o no, mientras en la nación sureña se cree que todos sus expresidentes representan peligro de fuga (Toledo no dejó otra opción), en República Dominicana se ha optado por confiar en la mayoría de los imputados y hasta ahora ninguno se ha fugado del proceso que se le lleva.

El 5 de febrero de 2019, se envió a juicio a 6 de los imputados iniciales, entre estos a Bautista, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Angel Rondón, quien es sindicado como el lobista de la compañía. Se agregó a una figura que no estaba en el grupo de los 14, a Jesús Vásquez del PRM.

Como señalé en una ocasión: “Independientemente de la magnitud y el enfoque regional de este caso, la respuesta que cada país está dando al escándalo Odebrecht, debe ir acompañada de un claro propósito por fortalecer la confianza perdida en las administraciones presentes y pasadas, mientras se toman los pasos necesarios con reformas importantes y se aplican sanciones a los responsables”.