Prision


El Ministerio Público de este distrito judicial logró que fueran impuestos tres meses de prisión preventiva en contra de 8 hombres, incluido el propietario del establecimiento conocido como “Las Conejitas”, a los cuales se les imputa dedicarse al proxenetismo y al lavado de activos.


La medida cautelar fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia en contra de los imputados Lorenzo Areché Melo, propietario del nigth club Ladies Factory, y a sus empleados Joaquín Guerrero Garrido, Miguel Polanco Vásquez, Amos Jean Pierre, Juan Isidro Rosario Batista, Víctor Luis Pinales, Edwin Pérez y Juan Manuel Herrera Espinosa.


Una comunicación de prensa de la Procuraduría General dice que durante un allanamiento realizado en el establecimiento nigth club Ladies Factory, que funciona en la calle Los Taínos, Friusa, Distrito Municipal Verón-Bávaro, las autoridades encontraron a 31 mujeres que supuestamente se encontraban en dicho lugar contratadas para ejercer presumiblemente la prostitución.


La investigación es llevada a cabo por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, en coordinación con la Fiscalía de la provincia La Altagracia.


“El imputado Lorenzo Areché Melo alegadamente promovía a la República Dominicana como un destino sexual en el exterior, incluso colocando vallas en distintas zonas de la provincia La Altagracia. Según se ha establecido, de este negocio, el imputado obtuvo muchos bienes provenientes del proxenetismo”, indica la Procuraduría.


El Ministerio Público estuvo representado en la medida de coerción por los magistrados Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la referida Procuraduría Especializada y el procurador fiscal titular de La Altagracia Edwin Encarnación, así como por Belkis Ulloa Uceta, Idalia Peralta y Aneuris Castillo, quienes presentaron diferentes elementos de pruebas que vinculan a los procesados con los delitos que se les imputan.


La jueza del Tribunal de Atención Permanente, Francis Vilorio, dispuso que la medida cautelar sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya de esa provincia.


El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de proxenetismo agravado, tipificado y sancionado en las disposiciones de los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano y en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones graves, establecido en los artículos 1 (numeral 7), 3 (literal a) y 18, en perjuicio del Estado dominicano.