acusacion


Las denuncias de los partidos de oposición sobre uso de recursos del Estado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana para promover la reelección del presidente Danilo Medina y la respuesta de este de que la Junta Central Electoral “haga su trabajo”, obliga a ese organismo a realizar una investigación para determinar sí realmente se utilizan los fondos de los contribuyentes en actividades proselitistas.


La oposición reclama a la Junta que intervenga para impedir que se usen los recursos del Estado y la competencia electoral se realice con equidad para todos los participantes. Igual petición hace la sociedad civil y otros sectores.


Para algunos expertos la utilización de los recursos del Estado va más allá del uso del dinero, ya que hay otras actividades más difíciles de penalizar como obligar a los empleados públicos a asistir de forma a las actividades proselitistas, incurrir en gastos de transporte, camuflar los vehículos oficiales, entre otras.


“El uso de los recursos del Estado es la actividad más inequitativa de la competencia electoral”, considera el politólogo Freddy Ángel Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien cree que estas acciones afectan la libre elección de los candidatos por parte de los votantes e influyen en la decisión final del ciudadano.


Aunque la Ley Electoral prohíbe expresamente a las organizaciones políticas utilizar “directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas”, Castro cree que es muy poco lo que la Junta puede hacer al respecto porque no existen instrumentos legales que la faculten más allá del control de la “propaganda visible”.


Pese a que durante su proclamación ayer por el Partido Socialista Verde, el presidente Medina dijo oponerse al uso de cualquier recurso del Estado para apoyar su candidatura y que no tendría la “necesidad de que eso ocurra”, para el coordinador de la Alianza Dominicana Contra La Corrupción, Julio César Tiburcio, el mandatario debería además abstenerse de inaugurar o iniciar obras durante el período de la campaña electoral.


“El Presidente de la República ordena un operativo de asfaltado justamente en medio de un proceso electoral, eso es utilizar los recursos del Estado”, sostiene Tiburcio, quien también es profesor de la UASD, al explicar que estas iniciativas se traducen en desventajas para los candidatos opositores al sector oficialista que no pueden permitirse la ejecución de obras.


“Los candidatos opositores solo pueden ofrecer, mientras el Presidente va a resolver”, expone el coordinador de ADOCCO.


Agrega que en países como Brasil, la ley electoral obliga al candidato oficialista a tomar una licencia en su cargo y por ende debe apartarse de cualquier actividad del gobierno o que implique relación directa con su posición dentro del Estado.


Ambos catedráticos coinciden en que la aprobación de una Ley de Partidos, cuya creación se ordena en la Constitución de 2010, crearía la base reglamentaria para que las organizaciones políticas estén obligadas al uso transparente de los recursos en la campaña electoral así que sea lícito el orígen de esos fondos, por lo que sin ese instrumento la Junta Central Electoral no tiene garantías de que se pueda cumplir el acuerdo al que se llegue con los partidos luego de que el pleno de jueces de esa organización conozca las quejas que han depositado ante la institución los partidos Revolucionario Moderno, Alianza País y la Fuerza Nacional Progresista.


“En el plano real no hay ninguna seguridad de que el partido en el poder, el que sea, no utilice los recursos del estado”, sentencia Castro.