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Cuando Brian Terrell recibió el pasado 8 de diciembre una inyección letal por un asesinato cometido hace más de dos décadas en Georgia, Estados Unidos cerró su año con menos ejecuciones (28) desde 1991 y profundizó así un declive cuyo horizonte de prohibición parece cada vez más cercano.


En comparación con esas 28 ejecuciones, en 2014 fueron 35, en 2013 hubo 39, mientras que en 2012, 43.


Este acentuado declive desde el pico de 98 ejecuciones de 1999 halla su razón en el aún más menguante número de condenas capitales impuestas y en el laberinto legal de litigios y apelaciones trenzado por los abogados de los cerca de 3.000 presos que aún siguen en el corredor de la muerte.


El 2015 dejó 49 nuevos reos condenados a muerte, 23 menos que en 2014 (72) y muy lejos de los 315 de 1994 y 1996, durante el pico de criminalidad vivido en las ciudades estadounidenses en paralelo al elevado consumo de cocaína y crack.


Incluso en Texas, el bastión de la pena de muerte en el país, tan solo fueron impuestas tres condenas capitales.


Más allá de las cifras, 2015 fue el año en el que los magistrados del Tribunal Supremo avalaron el uso en inyecciones letales de un polémico sedante conocido como midazolam, que algunos estados habían empezado a utilizar en 2014 ante la escasez de los fármacos habituales y que había fallado tres veces, la más sonada en Oklahoma.


Pese a que el fallo vio la luz en junio y muchos estados lo esperaban como agua de mayo para reactivar sus paralizados protocolos de ejecución, tan solo Florida, y en una sola ocasión, lo ha puesto en práctica desde entonces.


Tras su victoria en el Tribunal Supremo, Oklahoma también se dispuso a reactivar las ejecuciones pero en un episodio de surrealismo estuvo a punto de matar a un preso con un fármaco erróneo y luego reveló que en enero ya lo había usado con otro.


Los problemas para obtener los fármacos llevaron a estados como Nebraska o Arizona a buscar ilegalmente en India empresas dispuestas a venderlos, pero también permitieron prolongar los litigios legales que mantienen bloqueadas las ejecuciones en buena parte del país.


Precisamente Nebraska hizo historia en mayo al ser el primer estado controlado por los republicanos en abolir la pena de muerte pese a la furibunda oposición de su gobernador, Pete Ricketts.


Ricketts, de hecho, invirtió el dinero de su familia para financiar una exitosa campaña de recogida de firmas que llevará la abolición aprobada por el legislativo a las urnas en noviembre de 2016.


Connecticut, por su parte, cerró su corredor de la muerte al conmutar un fallo judicial las condenas capitales que pesaban sobre los once presos que seguían ahí tras la abolición de 2012.


El continuo declive en su uso y los problemas en su aplicación propiciaron que dos de los nueve magistrados del Tribunal Supremo se posicionaran abiertamente a favor de abolir la pena de muerte en todo el país, abriendo así la caja de Pandora sobre la legalidad de este castigo.


“En lugar de arreglar las fallas legales de la pena de muerte una a una, me gustaría abordar una pregunta más básica: ¿Viola la pena de muerte la Constitución?”, apuntó el juez Stephen Breyer.


El propio Barack Obama reconoció que la aplicación de la pena de muerte en el país que él preside es “muy preocupante” después de la visita del papa Francisco a Washington en la que pidió explícitamente el fin de las ejecuciones.


El futuro de la pena de muerte también entró este 2015 en la contienda presidencial del próximo año: aunque entre los republicanos no es motivo de debate, dos precandidatos demócratas (Bernie Sanders y Martin O’Malley) son partidarios de la abolición y la favorita, Hillary Clinton, tan solo defiende su continuidad para los casos “atroces”.


A fin de cuentas, los 28 muertos en 2015 elevaron a 1.422 las ejecuciones en Estados Unidos desde que en 1976 se reinstauró la pena de muerte.