Trafico


El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional envió a prisión por seis meses a 11 de 15 personas acusadas de formar parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes, entre ellos inspectores de Migración, militares y civiles.


La medida de coerción de prisión preventiva fue impuesta por la jueza Evelyn Rodríguez a los imputados Rafael Federico Pérez Pérez, Juan José Ortega Heredia, Miguel Euclides Laureano Reyes, Isael De Jesús Ayala de la Cruz, Mónika Gissel Pérez Rodríguez, Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez, Ivelisse de Morla Zorrilla, Ramón Antonio Valdez Díaz, Flor Ángel Encarnación, Michael Villar Reyes y Richard de Jesús Pérez.


En tanto, la jueza se inhibió para conocer el proceso a los imputados Javier Liriano Féliz, a su madre Benedicta Feliz Medina, así como a Roy Miguel Liriano Feliz y Kelin Mora García, por lo que el expediente será remitido a la Oficina de Coordinación del Juzgado de Instrucción para que designe al juez que conocerá la medida.


Los hombres deberán cumplir la coerción en la cárcel La Victoria y las mujeres en el Centro de Corrección de Najayo.


El abogado Ricardo Santos, quien representa al imputado Michael Díaz Reyes, se quejó de la forma en que la jueza conoció la medida de coerción el sábado. Dijo que inició a las 9:00 de la mañana y solo permitió un receso a las cuatro de la tarde, para luego continuar hasta las 10 de la mañana cuando adoptó la decisión.


Denunció en el tribunal que se ejerció una represión en contra de los defensores de los imputados por parte de inspectores y agentes de Migración. El conocimiento de la medida de coerción al grupo de 15 personas había sido aplazado en varias ocasiones, debido a la recusación de varios jueces por parte de la defensa de algunos imputados.


Los acusados fueron arrestados el 17 de diciembre de 2015 y desde esa fecha guardan prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El ministerio público los acusa de formar parte de una red transnacional que opera desde el país hacia países de Europa y EE.UU.


Alega que cobraban entre 350 mil y 500 mil pesos por facilitar documentos falsos, identificaciones, sellos, visas, pasaportes y franqueo para enviar a las personas a través de las diferentes líneas aéreas, saliendo por los aeropuertos del país.