Moca


Más de 35 testigos serán llamados a declarar en el juicio de fondo que se le seguirá el próximo 26 de febrero a los acusados del secuestro y asesinato del hacendado Ramón Antonio Sánchez Grullón (Monzo), de 85 años, quien fue raptado en su residencia situada en este municipio de la provincia Espaillat, el 27 de noviembre de 2013 y cuyo cadáver no ha podido ser recuperado.


La información fue confirmada por el fiscal adjunto Elvis García, a cargo del caso, quien explicó que el reenvió de la causa, hecho la semana pasada, se debió a “tecnicismos judiciales” y por petición de uno de los abogados de la defensa, que alegó enfermedad.


García dijo que razones de “carácter procesales” obligaron a suspender el proceso. “De parte de la defensa técnica, se reportó enfermo uno de los acusados, Julio César Sánchez, hijo de la víctima y está imputado por el Ministerio Público”.


El fiscal informó que también un representante de la parte querellante, Tito Sánchez, se reportó enfermo.


“Otras de las razones fue la de que un imputado apodado El Maeño, no tenía abogado y su defensor, también dijo que estaba enfermo y bajo esas condiciones, no se podía llevar a cabo el proceso”, agregó el fiscal García.


Además, explica el funcionario, algunos de los testigos que fueron citados, presentaron excusas legales, por lo cual no podían estar presentes.


Adelantó que el proceso, se tomará varios días ya que hay más de 35 testigos del caso, entre otras pruebas documentales y periciales que deben ser presentadas y desarrollarse durante el proceso.


Todos los testigos del proceso serán citados al juicio de fondo, informó el fiscal García.


El secuestro y desaparición de Monzo


El secuestro y desaparición del reconocido hacendado y comerciante es uno de los casos más sonados en la República Dominicana y su cobertura movilizó al entonces jefe de la Policía Nacional, general Manuel Castro Castillo, a Moca, y a docenas de agentes y peritos que buscaron los rastros de la víctima en una extensa área del Cibao Central para tratar de encontrarlo vivo o muerto.


Los esfuerzos fueron infructuosos y los familiares del hacendado convocaron varias veces a los medios, denunciando “negligencia” por parte de la Policía y las autoridades judiciales.


Víctor Sánchez, un reconocido abogado de Moca y destacado dirigente del PRD, encabezó una campaña nacional que incluyó vallas publicitarias y el pago de una recompensa por información sobre los responsables del crimen.


Los acusados son Winston Antonio Rosa Salas, José Antonio Polanco Salcedo, José Reyes Moya, Francisco Javier Estrella y Julio César Sánchez, el último hijo del hacendado secuestrado. Fueron enviados a juicio de fondo por el magistrado de instrucción Anderson Cuevas, el 26 de julio de 2015.