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La Iglesia Católica ha mantenido una línea clara en contra de la corrupción en la administración pública desde la década del 70, postura que reafirma hoy la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), con motivo de celebrarse el Día Internacional contra la Corrupción.


A propósito de este día, los obispos agrupados en la CED, decidieron recordar a la nación dominicana algunos de los documentos mediante los cuales hicieron fuertes pronunciamientos en contra de la corrupción.


En esos documentos, la Iglesia Católica, a través de la CED, exigió castigo para los corruptos y condenó la impunidad imperante cuando se trata de casos en los que están envueltos políticos, militares, narcotraficantes y gente de dinero. Además, abogó por la aprobación de una legislación severa sobre la corrupción, que contemple sanciones ejemplares.


Se trata de sendos mensajes que condenan la corrupción emitidos por los obispos en diciembre de 1975, el 27 de febrero de 1995 y el 27 de febrero de 2015.


La decisión de reiterar esos planteamientos hoy fue aprobada en la reunión ordinaria bimestral celebrada en septiembre de 2015.


La CED agregó un texto de la Bula del Papa Francisco “Misericordiae vultus” (El rostro de la misericordia), en el que aborda el tema de la corrupción e invita a la conversión.


En el más reciente mensaje, del 27 de febrero de 2015, la CED enfatizó que siempre le ha preocupado el fenómeno de la mentalidad de corrupción en el campo de la administración, tanto pública como privada.


En ese documento, criticó que la mayoría de los políticos inviertan sumas millonarias en las campañas electorales con el fin de alcanzar puestos públicos, y manejando fondos del Estado para luego multiplicar su inversión económica.


Deploró que las grandes empresas y negocios apoyen las campañas de los partidos y candidatos que tienen posibilidades de subir a los puestos públicos. “Lo hacen con el propósito de que estos a su vez les concedan privilegios tributarios y les fa- vorezcan con la elaboración de leyes que resulten ventajosas para sus empresas y negocios. Así la política es vista más como un negocio que como un servicio al bien común”, puntualizó.


Afirmó que en ese “juego sucio de intereses políticos”, los únicos perjudicados son los ciudadanos de la clase media y baja, que son la mayoría de la población.


Advirtió que con esa mentalidad política, el país es muy pobre en justicia y equidad, por las terribles desigualdades sociales y económicas entre los sectores que controlan el poder y la riqueza y los sectores que componen el resto de la población.


“Más que institucionalización para el bien común, el Estado se convierte entonces en fuente de inequidad a través de la corrupción, que se utiliza no sólo para el enriquecimiento personal, sino como una plataforma de financiamiento de la actividad política”, subrayó.


En esa ocasión, los obispos advirtieron que de no castigarse ejemplarmente los casos de corrupción en el Estado, no se podrá esperar de la mayoría de la población un uso honesto de los bienes públicos ni una actitud de colaboración en beneficio de la convivencia ciudadana”.


Aunque reconocieron los esfuerzos por adecentar el aspecto institucional del Poder Judicial, consideraron que hay impunidad en ciertos casos.


“Todavía hay mucha impunidad cuando se tratan casos en los que están envueltos políticos, militares, narcotraficantes y gente de dinero. Lo mismo cuando se trata de atracadores, rateros y ladrones, que en su mayoría actúan en contubernio con autoridades policiales o con políticos”, afirmó la CED.