narcoLa barbarie tiene desde ayer un nuevo santuario en México. Una fosa clandestina situada en las afueras de Iguala, en el corazón del volcánico estado de Guerrero. Allí fueron asesinados y luego calcinados al menos 17 de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos la noche del viernes 26 de septiembre tras su detención por la policía municipal. La matanza corrió a cargo de dos sicarios a quienes los agentes locales entregaron los estudiantes. La confesión de ambos asesinos, hecha pública anoche por la procuraduría, ha sacudido como un relámpago el país y sacado a la luz una verdad tenebrosa y ya sabida: el poder casi ilimitado y maligno que en algunas zonas ejerce el crimen organizado.


El relato de los detenidos mantiene abierta inquietantes incógnitas. No aclara el paradero del resto de estudiantes ni explica por qué en la fosa donde los sicarios señalaron que mataron a los alumnos yacían 28 cadáveres y no 17. La posibilidad de que sean todos estudiantes o que el lugar acumule cuerpos de otros asesinatos permanecía anoche abierta. Y la procuraduría no quiso dar un paso más mientras no se procediese a la identificación genética de los restos, un proceso que tardará unas dos semanas.


La reconstrucción ofrecida por los investigadores, aunque aún muy fragmentaria, muestra la pavorosa connivencia del cartel de los Guerreros Unidos con la autoridad local. Los estudiantes, desde su entrada en Iguala, fueron seguidos en camionetas por los sicarios, que dieron su apoyo armado a los agentes cuando empezaron los tiroteos indiscriminados contra los jóvenes. Una vez detenidos por la Policía Municipal, los normalistas fueron trasladados al patio de la comandancia y de ahí entregados al crimen organizado para su eliminación. Su delito: haber desafiado con su rebeldía el poder del narco. Uno a uno cayeron en la deshabitada partida de Pueblo Viejo. Tenían entre 18 y 23 años. Los cuerpos fueron apiñados en una pira. Los sicarios prendieron el fuego bárbaro con ramas, troncos y gasóleo. Algunas víctimas posiblemente fueron mutiladas antes.


La orden de raptar a los normalistas partió del jefe de la policía, Francisco Salgado Valladares, y la de matarlos de un cabecilla mafioso apodado El Chuky. Dos caras de una misma moneda. La confesión de los sicarios tumba la bienintencionada tesis defendida en un principio por las autoridades y el Comité Estatal de Derechos Humanos de que los estudiantes podían haberse ocultado en la montaña para evitar su captura y represión. Ahora emerge en toda su crudeza un escenario de matanza a sangre fría, un aguafuerte propio del narcotráfico mexicano. En este caso, del cartel de los Guerreros Unidos, un enloquecido clan surgido de los escombros del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, muerto a tiros el 16 de diciembre de 2009.


Conocidos por su rabiosa violencia, en pocos años y bajo el liderazgo del ya detenido Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo, este cartel ha alcanzado una penetración extrema en los estados de México y Guerrero, hasta el punto de tener bajo su bota ciudades enteras como Iguala. En este municipio de 130.000 habitantes, la organización, como ha reconocido la procuraduría, tiene copada a la Policía Municipal. Al menos 30 de los agentes, según los testimonios de los sicarios detenidos, pertenecían a los Guerreros Unidos. Este hecho influyó en la decisión de trasladar a 22 agentes arrestados a Acapulco ante un posible intento de liberación.


La confesión de los sicarios conduce a la investigación a un nuevo punto: la detención de los responsables intelectuales de la matanza. Los dos principales sospechosos, el alcalde Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad, se han dado a la fuga con pasmosa facilidad. Al regidor, cuyo cinismo le llevó a decir al día siguiente de la sangría que él “no había oído nada”, se le vincula no sólo con el narcotráfico sino con la eliminación física de adversarios políticos, en concreto, de tres líderes de un partido opositor secuestrados y ultimados a balazos en mayo de 2013.


Todos los fallecidos pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzipan, un municipio situado a 123 kilómetros de Iguala. Estos estudiantes de magisterio, llamados normalistas, forman desde hace décadas un colectivo muy ideologizado, con una vida casi autónoma. El viernes 25 de septiembre habían acudido a Iguala a recaudar fondos para sus actividades. Al anochecer se dirigieron a la central de autobuses y se apoderaron de tres vehículos. Una práctica habitual y consentida por las empresas de transporte parte evitar males mayores. A la salida de la estación, en sucesivos encontronazos, fueron atacados a balazos por la policía municipal y grupos de sicarios. Los estudiantes iban desarmados. Sobre el asfalto quedaron seis muertos y 17 heridos.


Este salvaje estallido de violencia, una letal advertencia del narco ante un movimiento autónomo y rebelde como el de los normalistas, espantó a México. La impunidad con la que actuaron los agentes, ametrallando sin contemplaciones autobuses cargados de alumnos, y la enloquecida crueldad con que se desolló y vació los ojos a una de las víctimas, destaparon el infierno que se vive en algunos estados como Guerrero, donde la autoridad presidencial es lejana y gran parte de los centros de poder locales están sometidos a los dictados de organizaciones criminales, como los Rojos o Guerreros Unidos, cuya actividad, más allá de la droga, se ha extendido a casi toda la esfera económica gracias a la extorsión y el secuestro.