El caso de Ocoa ha generado atención pública debido a las acciones legales emprendidas contra un fiscal. Tras su renuncia y posterior sometimiento como ciudadano público, la Procuraduría General de la República lo acusó por supuestos delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.

Estos acontecimientos han suscitado debates sobre la responsabilidad institucional en casos de presunta mala conducta. El Ministerio Público ha enfatizado su compromiso con la integridad y la transparencia al tomar medidas contra su miembro implicado.

El fiscal en cuestión se ha visto relacionado con la supuesta manipulación de pruebas, lo que ha provocado discusiones sobre la ética y la imparcialidad en el sistema judicial.

La utilización de un camarógrafo, presuntamente contratado para documentar ciertos eventos que fueron manipulados, fue la prueba necesaria para llevar ante la justicia al fiscal.