EmbarazoEl diagnóstico fue devastador e irrevocable. A sus 33 años, Marlise Muñoz quedó en muerte cerebral tras desmayarse en su cocina, el pasado noviembre, por un coágulo de sangre en los pulmones. Sus padres y su marido se prepararon para despedirse por última vez en la unidad de cuidados intensivos del hospital John Peter Smith en Fort Worth (Tejas), con la intención de honrar su último deseo: que no la dejaran conectada al soporte vital. Pero se quedaron estupefactos cuando el médico les dijo que no obedecería sus instrucciones. Según el New York Times, Muñoz estaba embarazada de 14 semanas, y Tejas pertenece a los numerosos estados en EE UU que prohíben a los profesionales sanitarios, con distintos grados de severidad, que desconecten el soporte vital de las pacientes embarazadas. Se ha convertido en una incubadora involuntaria.


Más de un mes más tarde, Muñoz continúa conectada a las máquinas en la tercera planta de la UCI, donde un equipo médico vigila los latidos del corazón del feto, que actualmente se encuentra en la vigésima semana de gestación. “No es una cuestión de estar a favor o en contra del aborto”, dice la madre de Muñoz, Lynne Machado, de 60 años. “Se trata de que los deseos de nuestra hija no están siendo respetados por el Estado de Tejas”. Los padres quieren que se derogue la ley que impide desconectar a su hija, pero no han emprendido medidas judiciales contra el hospital.


El centro mantiene que se limita a seguir la ley, aprobada en 1989 y enmendada en 1999 aunque varios expertos en ética médica opinan que los doctores están malinterpretando la legislación. La legislación dice que nadie podrá retirar un “tratamiento de soporte vital” de una embarazada hasta que no dé a luz