1389189160_967673_1389210638_noticia_normalMarlise Muñoz, una enfermera de urgencias de Fort Worth (Texas), y su marido Erick, bombero, ya habían decidido qué hacer en el caso de que uno de los dos sufriera un accidente o se encontrara enfermo de gravedad. Pero desde el pasado 26 de noviembre, cuando Erick encontró a su esposa inconsciente en la cocina, no ha podido cumplir con ese deseo.


Desde ese mismo día, Muñoz, de 33 años, sobrevive con respiración asistida. Los médicos comunicaron a la familia que su estado es de muerte cerebral, según han declarado sus miembros. Cuando los Muñoz expresaron su deseo de retirar la asistencia a Marlise, los responsables del hospital John Peter Smith se negaron porque está embarazada. En estos momentos, su gestación alcanza las 20 semanas.


“Lo que queremos es dejarla descansar. Lo que están haciendo no tiene sentido”, declaró el padre de Muñoz, Ernest Machado, al Dallas Morning News. “Ahora solo es un recipiente para un feto”, añadió. Su esposo, Erick, también ha solicitado que los médicos suspendan el tratamientoque la mantiene con vida en la UCI. Desconocen si el estado de Marlise, que pudo sufrir una embolia pulmonar, ha afectado también al feto.


El caso ha abierto un intenso debate sobre los principios éticos que rigen este tipo de decisiones y hasta dónde puede llegar la ley con una embarazada con muerte cerebral. La legislación de Texas, similar a la de otros 12 Estados, es sin embargo una de las más restrictivas en este ámbito —también en materia de aborto— y obliga desde 1999 a mantener las funciones vitales de la madre mientras su embarazo sea viable.


La portavoz de la red de hospitales John Peter Smith, Jill Labbe, afirma que el centro “está obligado a proporcionar atención médica a todos sus pacientes”, entre los que incluye a Marlise, y que “siempre cumplirán con la legislación”. Sin embargo, varios expertos han puesto en duda que la interpretación del hospital sea correcta.