frontera-abrenSANTO DOMINGO, República Dominicana.-  Autoridades de Haití y República Dominicana se reunirán este martes en la frontera para abordar el asunto migratorio, agravado tras una sentencia dominicana que fija criterios para adquirir la nacionalidad y afecta especialmente a descendientes de haitianos, informaron fuentes oficiales.


En la cita bilateral, que se celebrará en la localidad fronteriza de Juana Méndez (Haití), también se tratará sobre el comercio, en medio ambiente y la seguridad entre los países vecinos, señalaron las fuentes en Santo Domingo.


La delegación dominicana estará integrada por los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el de Industria y Comercio, José del Castillo, así como por el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.


El primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, encabezará la misión de su país, que completarán el canciller, Pierre Richard Casimir; los ministros del Interior, David Bazile, y de Economía, Wilson Laleau, así como el economista Nesmy Manigat, según autoridades haitianas. La cita de Juana Méndez será la primera formal entre ambos países para tratar el asunto migratorio tras la reunión que sostuvieron el presidente dominicano, Danilo Medina, y el haitiano, Michell Martelly, el pasado 16 de noviembre en Venezuela, y luego del anuncio del restablecimiento del diálogo a través de una comisión de alto nivel con cinco miembros de cada país.


Como observadores en Juana Méndez participarán representantes de la ONU, la Unión Europea, la Comunidad del Caribe (Caricom) y del Gobierno de Venezuela, según las fuentes oficiales. El Tribunal Constitucional (TC) dominicano resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país “en tránsito”.


Las autoridades dominicanas aseguran que la sentencia abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia a través del Plan Nacional de Regularización de los extranjeros indocumentados, que el Gobierno de Medina aprobó recientemente. La sentencia del TC, que afecta principalmente a personas de origen haitiano, fue criticada por el Gobierno de Haití y otros países del Caricom.


Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, expuso que el fallo tiene un efecto discriminatorio y que impacta principalmente a dominicanos de ascendencia haitiana -en su mayoría afrodescendientes-, y criticó que la sentencia genera la condición de apátridas.


El ministro Montalvo señaló el pasado 2 de enero que el Gobierno dominicano acude a la mesa del diálogo a trabajar “con empeño y buena fe para conversar de manera franca, directa y sincera, a fin de abordar satisfactoriamente temas que históricamente se han relegado” y que ambos países “entienden que es el momento de definirlos”. Montalvo enfatizó que “todas las esperanzas están cifradas en que de estas conversaciones surjan propuestas y soluciones que aporten al bienestar y al desarrollo tanto de República Dominicana como de Haití”.