ONUSANTO DOMINGO, República Dominicana (AP).- La ONU pidió a la República Dominicana el jueves que restituya rápidamente la nacionalidad a individuos afectados por un reciente fallo judicial que privaría de su ciudadanía a decenas de miles de personas.


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) dijo que el derecho internacional obliga a las autoridades dominicanas a devolver automáticamente la nacionalidad a individuos afectados por el fallo. La gente interesada también debe contar con un medio sencillo para obtener documentos de identidad.


En una nota fechada en Ginebra, el ACNUR instó el jueves al gobierno dominicano “a tomar rápidamente los pasos para restablecer la nacionalidad” de los afectados por el fallo del tribunal, “que privó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad, dejándolos apátridas”.


El gobierno dominicano ha insistido que los afectados por el tribunal no quedarán apátridas porque la constitución de Haití otorga la nacionalidad de ese país a los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.


El presidente dominicano, Danilo Medina, firmó el fin de semana un plan para regular en un periodo de 18 meses a los inmigrantes sin residencia y en el que anuncia la creación de un “proceso especial” para naturalizar como dominicanos a los afectados por la desnacionalización.


El Tribunal Constitucional ordenó el 23 de septiembre hacer un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anular mediante juicios individuales la nacionalidad de aquellos cuyos padres no eran residentes legales, como los miles de inmigrantes del vecino Haití que durante del siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron a sus familias.


Dominicana puso en marcha el sábado un plan para ejecutar la decisión de la corte. Los afectados por el fallo tienen 18 meses de plazo para pedir la ciudadanía dominicana, a partir de junio de 2014. Los defensores de los afectados dicen que unas 200,000 personas, muchas descendientes de haitianos, perderían la ciudadanía.