domMÉXICO. AFP.- Representantes del gobierno de República Dominicana rechazaron categóricamente las acusaciones de que ha efectuado expulsiones sumarias hacia Haití por discriminación institucional, durante el segundo y último día de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el miércoles en Ciudad de México.


“El Estado como tal no tiene una política de discriminación, ni mucho menos existe en la República Dominicana una política institucional de discriminación”, declaró Santos Miguel Román, subdirector de Migración del Ministerio del Interior dominicano. “No hay prueba documental, no hay testigos, no hay nada. Sólo la declaración, y con irregularidades importantes en su instrumentación, de las presuntas víctimas”, añadió José Casado-Liberato, representante de la cancillería de República Dominicana.


Los funcionarios respondieron así a los alegatos expuestos el martes y miércoles por los representantes legales de 27 personas, 17 de ellas menores de edad, expulsadas entre 1994 y 2000 de República Dominicana a Haití, pese a que 22 de ellos son ciudadanos dominicanos, como William Medina, quien narró a los jueces de la Corte IDH cómo fue expulsado por cuestiones raciales.


“Decir que un Estado que acepta en su universidad estatal a 15,000 haitianos y que estudian en la República Dominicana de forma gratuita tiene una política institucional de discriminación es un absurdo”, añadió Miguel Román.


En la audiencia, el gobierno dominicano presentó sorpresivamente, sin que la defensa hubiera sido notificada con antelación, un video en el que supuestos familiares de William Medina lo desconocen como hermano e hijo, un material que la Corte IDH adelantó que no tendría valor probatorio.


En ese video, que evidencia “la mala fe” del gobierno dominicano, “nunca se cuestionó dónde él (Medina) nació. Nuestro argumento es que se expulsó a un dominicano” de su país por motivos raciales, dijo Francisco Quintana, director para la región de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las ONG que presentaron el caso.


De acuerdo con el caso Tide Méndez presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas fueron deportadas arbitrariamente en el marco de una política migratoria que operaba de facto y que se basaba, no en criterios objetivos, sino en el perfil racial de las personas. Los representantes del gobierno dominicano argumentaron este miércoles que la política migratoria de su país es “tolerante” y que opera bajo la lógica de la “defensa de los escasos recursos naturales” de su territorio, pero insistió reiteradamente en que no es un Estado que discrimine.


Ante estos argumentos, Quintana llamó la atención sobre el hecho de que de todos los gobiernos de la región -que tiene el mayor índice de discriminación en el mundo-, el de República Dominicana “se diferencia por la negación absoluta de este problema”.


En República Dominicana existe “poca participación de la población afrodescendiente en cargos públicos”, a pesar de que se trata de un país que tiene 90% de población negra, replicó Quintana.


Las cédulas de identificación dominicanas, además, indican si el portador es negro, indio oscuro o indio claro, añadió el activista, que lleva 14 años con el caso, sobre el que los jueces emitirán un fallo en unos 6 meses.