sipFue rendido ayer ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un informe sobre la libertad de expresión en la República Dominicana.


A continuación el texto:


Con amplia expectativa, la prensa dominicana espera el inminente fallo que emitirá el Tribunal Constitucional sobre un recurso de inconstitucionalidad que tres directores de diarios interpusieron con el propósito de que se anulen varios artículos de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y del Código Penal, que establecen penas de prisión en los delitos de difamación e injuria.


El Tribunal Constitucional abrió una audiencia en junio de este año para conocer la demanda de inconstitucionalidad presentada por los directores de los periódicos El Caribe, El Día y Listín Diario, conjuntamente con la Fundación Prensa y Derecho, contra once artículos de la vigente ley de expresión y difusión del pensamiento y cinco artículos del Código Penal, y decidió declararlos en estado de fallo para dar a conocer su veredicto en este mes de octubre.


Concomitantemente con los esfuerzos que despliega la prensa independiente dominicana en esta dirección, sus principales directivos comparecieron ante la comisión especial designada por la Cámara de Diputados para exponer sus pareceres sobre tres diferentes anteproyectos de ley que, en el fondo, recogen las aspiraciones sobre la despenalización de los llamados delitos de palabra y la supresión del efecto de cascada que predomina en la legislación, por virtud del cual se imputa la autoría principal del delito de difamación al director del diario o medio en el que se haya publicado un texto que se entienda lesivo al honor o la dignidad de cualquier ciudadano. Los anteproyectos en cuestión no han sido debatidos aun en el plenario de las cámaras legislativa


Mientras se producen estos debates en vistas públicas, varios casos de atropellos físicos contra reporteros cometidos por soldados y agentes de la Policía Nacional se registraron en el lapso de tiempo que abarca este informe, lo que sigue poniendo de relieve el ambiente de riesgos en que los periodistas ejercen su función en la República Dominicana.


Uno de esos casos fue la agresión que sufrió el 11 de abril el camarógrafo Marcelo Contreras, de la provincia Maria Trinidad Sanchez, cuando un coronel de la Policía lo detuvo a punta de pistola, le arrebató su cámara filmadora , lo esposó y lo exhibió por las calles amarrado en un vehículo hasta que lo encerró ilegalmente en la cárcel por varias horas, en rechazo al trabajo que hacia reportando un desalojo violento que la Policía ejecutaba en una comunidad.


Otro caso brutal fue la golpiza que propinaron agentes policiales asignados al nuevo modelo penitenciario contra el camarógrafo de Noticias SIN, Rafael Silverio, mientras cubría un juicio en un tribunal de Santo Domingo. El agente agresor fue suspendido y sancionado pocos días después por orden de la procuraduría general de la República.


En mayo, el reportero del mismo noticiario, Rafael Lara, fue golpeado y despojado de su cámara por una patrulla mixta de las fuerzas armadas que ejecutaban un desalojo de familias en unos terrenos del Estado en la provincia de San Cristóbal.


En junio, un grupo de comunicadores denunció la existencia de una trama para asesinar al periodista Fausto Rosario, director del periódico digital Acento.com, lo que motivó que el Presidente de la República, Danilo Medina, lo recibiera en su despacho para escuchar directamente su testimonio.