cdLa Cámara de Diputados aprobó este miércoles de urgencia y en dos lecturas consecutivas con modificaciones el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, que estable para los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito sanciones con pena de cuatro 4 a 10 años de prisión mayor.


Entre las modificaciones a la Ley, se establece que el funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada, y prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central para que los funcionarios que hayan falseados datos en sus declaraciones juradas.


La iniciativa contó con el voto favorable del pleno tras escuchar el informe que rindieron las comisiones de Ética y Justicia de la Cámara Baja, que presiden Lupe Núñez y Demóstenes Martínez.


En la primera lectura 105  diputados votaron a unanimidad por la iniciativa, mientras que en segunda lectura la pieza fue acogida favorablemente por 102  legisladores.


La iniciativa  pasa de nuevo al Senado para su estudio y ponderación, luego de  los diputados introducir modificaciones a la pieza legislativa, acogida durante una sesión que duró seis horas.


El titular de la Cámara Baja, Abel Martínez, destacó que por primera vez en la historia el cien por ciento de su matrícula cumplen con su declaración jurada de bienes, cumpliendo así con el mandato de ley.


La pieza establece que si se comprueba alguna falsedad o dolo en una declaración jurada de patrimonio o en los documentos que la sustentan, el organismo responsable de investigación podrá usar dicha documentación como elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente.


Además, comunicará dicho hallazgo al superior jerárquico del funcionario público.


Cuando el funcionario público no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos por esta ley, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reporta como no depositada con todas las consecuencias que prevé la ley.  En cualquier caso, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana comunicará el hecho a la Procuraduría General de la República.


Sanciones por omisión de declaración


La pieza precisa que el servidor público en funciones esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y si no obtempera dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.