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La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) mostró su preocupación por la forma en que son tratados en la justicia dominicana los casos de falsificación de medicamentos.


La entidad considera que el daño que provocan las medicinas ilegales y falsificadas no sólo se expresa en la economía del país, sino también en la salud de la gente.


El negocio ilícito de medicamentos, según la ARAPF, es más grave de lo que se percibe y de lo que imaginan las autoridades y los empresarios del sector farmacéutico.


Sus estimaciones ubican el negocio sobre los RD$1,000 millones cada año, equivalentes al 12% del mercado global en el país. El vicepresidente ejecutivo de la ARAPF, Fernando Ferreira Azcona, se refiere a lo que califica como una debilidad mayúscula del sistema justicia.


El ejecutivo farmacéutico informó que la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, en un proceso cuya pulcritud y transparencia cuestiona la ARAPF, varió la medida de coerción al propietario de laboratorios Best Life, SRL, de prisión preventiva a una fianza de un millón de pesos, más la presentación periódica a la oficina del juez.


“Y decimos que el procedimiento no fue todo lo transparente que debió ser porque ninguna de las demás partes involucradas en el caso fue notificada para la realización de esta audiencia; ni siquiera el Ministerio Público, que tiene a su cargo el caso que nos ocupa, mucho menos los abogados de los laboratorios Pfizer, Novartis y Lilly”, destaca la ARAPF en una carta enviada a LISTÍN DIARIO para poner en conocimiento la situación.


En opinión Ferreira Azcona, el Ministerio Público debió, por prudencia, solicitar la suspensión de la audiencia hasta tanto fueran debidamente notificadas las partes, “pero evidentemente no fue así”.


A su entender, estas actuaciones que califica de desafortunadas por parte de las personas que administran justicia y/o representan a la sociedad en los tribunales, son las responsables de la penosa credibilidad que caracteriza a la justicia dominicana.


Los representantes y productores farmacéuticos, a través del director ejecutivo de la ARAPF, llaman la atención sobre las penalidades que contempla la Ley 22-06, que modifica la Ley General de Salud, y que criminaliza toda actividad ligada a los medicamentos ilegales.


Refiere que el propietario de laboratorios Best Life, SRL, cuyo nombre no suministró la ARAPF, guardaba prisión preventiva de tres meses como medida de coerción, ya que el realizarse un allanamiento a sus instalaciones, se comprobó que su principal actividad industrial era falsificar medicamentos de gran demanda en el mercado farmacéutico dominicano, de las cuales se les incautaron cantidades significativas.


En un encuentro reciente con ejecutivos de este diario, los farmacéuticos expresaron su preocupación por la comercialización ilegal de medicamentos, por las consecuencias económicas y a la salud que provoca esta práctica.


De hecho, señalaron, un estudio realizado a finales de 1998 dio como resultado que el mercado ilegal de medicamentos movía el doble del monto que estimaban, en aquel entonces cerca de RD$350 millones, pues los datos revelaron que andaban cerca de los RD$800 millones.


El peor descubrimiento del informe es que se estaban proliferando las falsificaciones en medicamentos de mayor impacto en la salud y con mejores niveles de rentabilidad.