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Se supone que cuando cualquier ministro Temo Montás decide hacer campaña (por él y nadie más) para la Presidencia, todo lo que haga estará al servicio de su causa.


Se supone que todo lo que cualquier ministro Francisco Javier García haga con los recursos públicos concurre a su causa (con cargo a nuestros impuestos, claro).


Se supone, entonces, que en un país medianamente institucionalizado eso es prevaricación y ambos deberían renunciar o ser cancelados para que se dediquen a lo suyo. (Perdón… escribí “en un país medianamente institucionalizado”. Y olvidé que esto no es país, sino finca).