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El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, formuló ayer un llamado a que se ponga fin y se sancione la práctica de agentes de la Policía que roban  dinero, joyas y bienes durante allanamientos.


De inmediato, citó el caso que involucra a miembros del cuerpo policial en una requisa a una vivienda del residencial La Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata, donde se produjo la pérdida de joyas, objetos diversos y presuntamente dinero.


“Lo que sí yo digo es que sea 10 pesos ó 50 millones, ningún policía tiene derecho a coger un reloj y metérselo en el bolsillo y a coger bienes. Nadie tiene derecho a eso y algún día en este país eso tiene que acabarse“, declaró Domínguez Brito.


Manifestó que se han conocido casos de drogas en los que se ha perdido dinero, y en allanamientos donde agentes han cogido dinero.


“Esa es una cultura que tiene que desaparecer”, indicó. Dijo no explicarse por qué, cuando se producen allanamientos, “los agentes del cuerpo del orden tengan que venir como tierra arrasada, a coger lo que hay”, y que tiene que haber sanciones en este tipo de caso.


“Si hubo un coronel que no tomó las decisiones de ese tipo, tiene que ser sancionado, pero no solamente en ese caso, en todos los demás casos que eso pueda suceder”, advirtió. El jefe del ministerio público habló sobre el tema luego de concluir el panel sobre la “Ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Cuando contravienen el derecho interno”, en el que participó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; Radys Abreu, exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la abogada Paola Pelletier, profesora de Derecho Internacional, y el exjuez de instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón.


Domínguez Brito destacó que a veces el ministerio público tiene que cuidar que el delincuente no se vaya y al mismo tiempo que los agentes no se cojan las cosas, lo que estima “desdice mucho de nuestra institucionalidad”.


En torno a la presunta pérdida de 60 millones de pesos en dos cajas fuertes del residencial La Mulata III, el Procurador dijo que en el reporte que hizo el consulado de Alemania en el país, no lo mencionó, tras señalar que no podía haber 60 millones en efectivo en una caja. “De dónde vino ese dinero si fuera cierto. Nadie está reclamando 60 millones de pesos en efectivo.


Aquí tenemos que revisarnos en el manejo de la información”, acotó Domínguez Brito. Por otro lado, dijo que le preocupa el bajo salario que se paga a jueces y fiscales, razón por la que algunos de ellos están renunciando de su cargo, lo que a su juicio afecta el desenvolvimiento de la judicatura. El Procurador lamentó que grandes valores de la judicatura y del ministerio público tengan que salir, por razones de salario.