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Los dos fiscales adjuntos que participaron en el allanamiento realizado en el residencial La Mulata III, de Sosúa, Puerto Plata, en el que murió un alemán y alegadamente se sustrajeran dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos, defendieron su actuación y negaron que actuaran con irresponsabilidad como alegara la fiscal titular de esa jurisdicción.


José Martínez Montás y Juan Carlos Hernández Castro,  entienden que la fiscal Alba Núñez Pichardo, no está siendo justa y está errando con su pronunciamiento de que ellos actuaron con irresponsabilidad, porque se le fue de las manos la actuación en el allanamiento.


“Entendemos que nosotros la única participación que tuvimos  era acudir a un llamado jerárquico de una labor que no se nos había encomendado con anterioridad, que nunca supimos de dicha investigación, que para nosotros fue una sorpresa encontrarnos con esa situación”, indican los fiscales en un documento enviado al departamento de inspectoría general del ministerio público.


Sostienen que con todas las precariedades su labor fue encomiable, ajustada y apegada  a la ley porque gracias a Dios no entraron a la vivienda donde entraron los policías sin orden de allanamiento y le dieron un tiro a un haitiano, maltrataron un nacional alemán y le quitaron la vida a una persona de nacionalidad alemana.



Recordaron que cuando llegaron al lugar de los hechos ya la escena estaba totalmente arrabalizada y contaminada por un sin números de agentes del orden y personal de la prensa y que ahí penetró todo el que le dio la gana y a si pescar en río revuelto.

“Ahora se quiere buscar un culpable por que la situación han a ellos se le fue de la manos e injustamente quieren que nosotros paguemos los plato rotos que otros rotos con todas las vajillas”.

 

 Los fiscales adjuntos sostienen que las actuaciones de las investigaciones en torno al referido caso la hizo la fiscal sola con los policías de investigaciones de Sosúa, especialmente con el capitán Gerson Acosta.

 

Pusieron como ejemplo que La fiscal se  reunió en los 15 días anterior al allanamiento en varias ocasiones a puerta cerrada  con el capitán Gerson y con varios alemanes residente de La Mulata III, que fueron quienes supuestamente le dieron la información a la Fiscalía y que ellos no participaron, pero que mucho menos se le informo nada.

 

Destacaron que el día del allanamiento recibieron  una llamada por separado por parte de la fiscal Núñez Pichardo pidiéndole que fueran a Sosúa a ayudar a los policías en unos allanamientos, pero que ellos no sabían a donde iban, tras reiterar que las órdenes de allanamiento la tenía en su poder el capitán Gerson.

 

Se quejaron de que los policías a sabiendas de que sabían dónde iban, no le proveyeron de chalecos antibalas,  aún conociéndose la magnitud de la operación a realizar, por lo que su integridad estuvo en peligro, ya que nunca tuvieron la dirección funcional de la investigación, sino que fue puesta en manos de la Policía.

 

Señalaron que el acceso al residencial estaba muy controlado, y que no saben donde el capitán Gerson tenía un beeper que abría todas las puertas “este instrumento no los teníamos nosotros y nos imaginamos de que la magistrada lo sabía”.